La Fiscalía de Ceuta ha informado al Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma, que dirige la investigación sobre la muerte de los cinco migrantes subsaharianos cuyos cadáveres fueron rescatados en territorio español tras la tragedia en la que 15 indocumentados perdieron la vida el pasado 6 de febrero, que a su juicio sí es competente para mantener en sus manos las diligencias y que no procede su traslado a la Audiencia Nacional.
La jueza instructora ha pedido a la acusación popular y al Ministerio Público que se pronuncien sobre su posible falta de competencia a tenor de las conclusiones del atestado elaborado por la Guardia Civil que concluye que sus efectivos contuvieron desde territorio español el intento de entrada en grupo de unos 300 migrantes por el espigón del Tarajal pero que las muertes de los fallecidos se produjeron en aguas jurisdiccionales marroquíes.
Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, la Fiscalía considera que el Juzgado no tendría que desprenderse de la instrucción del caso aunque se imputase un presunto delito de homicidio por imprudencia a los guardias civiles actuantes y se diese por cierto que las defunciones se produjeron en territorio del Reino alauita.
Aunque parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo apunta que un delito se consuma "donde se produce el resultado del mismo", el Ministerio Público se adhiere a la doctrina de la denominada 'teoría de la ubicuidad', que apunta que un delito se comete en todas las jurisdicciones "en las que se haya realizado algún elemento del tipo".
Una vez recibido el atestado de la Benemérita con la identificación y testimonio de todos los funcionarios que participaron en el operativo desplegado durante la madrugada del 6 de febrero para frenar el intento de entrada de los migrantes, el Juzgado sigue esperando que Marruecos responda a las comisiones rogatorias tramitadas para acceder a las autopsias de los 10 cuerpos sin vida que recuperaron las autoridades del país vecino.
