El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), ha reiterado este jueves que por parte del gobierno local "se hará todo lo que se pueda hacer" para cobrar la sanción de 20 millones de euros impuesta al líder de la oposición en el Ayuntamiento con UCOR y empresario, Rafael Gómez, por construir sin licencia en 2005 las naves de la antigua Colecor, en la carretera de Palma del Río.
En concreto, Gómez había solicitado al Consistorio el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la sanción si bien desde la administración local se ha denegado tal solicitud, según informan a Europa Press fuentes del proceso.
Al respecto, la representación legal del presidente de Unión Cordobesa no ha respaldado su propuesta con activos de cualquier tipo que permitan al Consistorio cobrarse en especie en el caso concreto de que se incumplan los periodos de fraccionamiento o aplazamiento de la sanción que se proponen.
Gómez hizo en el pasado un movimiento de estas características por medio de una figura que se llama hipoteca inmobiliaria. Destinó una serie de bienes para que el Ayuntamiento los ejecutase en el caso de impago. Aquella sanción fue anulada por los tribunales al haber superado los doce meses de tramitación administrativa, de modo que el Consistorio tuvo que comenzar todos los trámites de nuevo.
Cabe destacar que cuando se inicie el periodo de ejecutiva en la sanción, es cuando los servicios de recaudación pueden empezar a ordenar la subasta de bienes. Si bien, Gómez ha dicho en numerosas ocasiones que no va a pagar la multa.
Además, en mayo de este año la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba ha notificado a la empresa Arenal 2000, propiedad de Rafael Gómez, dicha sanción de 20 millones de euros que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajó desde los 24,6 millones de euros.
La resolución de la Gerencia de Urbanismo fue firmada el día 7 de mayo y notificada al administrador con fecha 13 de mayo, y en ella se recoge que se notifica la misma para dar cumplimento de la sentencia del Alto Tribunal andaluz, "indicándole que contra la misma no cabe recurso", al tiempo que se notifica al órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento "para la práctica de la liquidación correspondiente".
