El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado una de cal y otra de arena al Ayuntamiento de Sevilla al emitir un dictamen favorable a su pretensión de modificar puntualmente el PGOU para recalificar la antigua comisaría de la Gavidia y convertirla en un centro comercial, y otro negativo a una operación similar para construir un gran parking subterráneo en la Alameda de Hércules, dos proyectos que han contado con la oposición de la Junta de Andalucía a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Artístico.
En su día, la Comisión informó negativamente sobre la recalificación de la Gavidia por entender que supondría “una alteración sustancial de la ordenación estructural” dispuesta en el Plan General de Ordenación Urbana para el Casco Antiguo. En el capítulo XIII de la Memoria de Ordenación del Plan se aboga por fomentar el pequeño y mediano comercio en el Centro (el comercio calificado de “especializado” o tradicional), frente a la competencia de las grandes superficies.
Según el razonamiento de la Comisión, la conversión de la Gavidia en otro gran centro comercial frente al que ya existe de El Corte Inglés, podría suponer “una merma considerable para la puesta en valor (del comercio especializado o tradicional), además de introducir nuevas tensiones no previstas estructuralmente”.
Estas “nuevas tensiones no previstas” aludirían al ‘efecto llamada’ que sobre el tráfico privado provocaría otra superficie comercial (Primark ha sido generalmente señalada como principal candidata a hacerse con el edificio) cuando con el actual se llegaba a colapsar la calle Baños, única vía cercana de penetración al Centro, si bien el colapso ha quedado bastante mitigado a raíz del advenimiento de la crisis económica y la caída del tráfico privado.
Dos razones
El Consejo Consultivo, sin embargo, ha informado favorablemente a la solicitud de modificación del PGOU en el caso de la Gavidia por, esencialmente, dos razones:
No se va a producir una pérdida de equipamiento público: Recuérdese que la antigua comisaría está calificada en el Plan General como Suelo de Interés Público y Social (SIPS), destinado a albergar equipamientos para la colectividad (colegios, bibliotecas, centros cívicos...) en un distrito como el del Casco Antiguo no precisamente sobrado de ellos, debido al alto coste del suelo y a su propia trama urbana.
Antes de cambiar el uso urbanístico (recalificación) de la antigua comisaría, o simultáneamente, Ayuntamiento tendría que compensar esa pérdida de suelo para equipamiento con el ofrecimiento de una superficie equivalente y en el mismo distrito. No le valdría ofertar suelos nuevos en distritos diferentes, ya que entonces los vecinos del Casco Antiguo quedarían discriminados en comparación con el resto de ciudadanos.
Para equilibrar la balanza de la recalificación, el Ayuntamiento ha tenido que ofrecer otras en sentido contrario y sin que al final disminuya la superficie para equipamiento en el balance. A cambio de la Gavidia, el Consistorio recalificará para SIPS el antiguo Registro de la calle Pajaritos y los bajos municipales del mercado del Arenal.
Muro de los Navarros
La demostración de que sin esta compensación el Consejo Consultivo no habría dado su visto bueno a la operación es que, en paralelo, le ha tumbado al Ayuntamiento su propuesta de recalificación de varias parcelas sitas en la calle Muro de los Navarros de SIPS a suelo residencial justamente porque en este caso no se ha preocupado de ofrecer compensación urbanística alguna.
La segunda razón del Consultivo para informar favorablemente la recalificación e la Gavidia es el deterioro acelerado en el estado de conservación de un edificio que es intocable por estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC) pero que lleva años abandonado, desde que el Ministerio del Interior dejó de usarlo como comisaría y luego lo vendió al Ayuntamiento.
El Consistorio, además, viene gastando más de 36.500 euros anuales en contratar un servicio de seguridad, control y vigilancia privado del inmueble, para prevenir más actos vandálicos.
El Consejo Consultivo, pues, ha sido sensible al argumento municipal de que compensando el SIPS de la Gavidia con otros lugares sitos en el Casco Antiguo era necesario evitar, por una parte, la ruina del inmueble y, por otra, hacer caja con su venta para poder afrontar otras necesidades de la ciudad en un contexto de restricción del gasto público y de reducción de ingresos debido a la crisis.
Si la Junta no pone reparos al dictamen y da vía libre a la recalificación, quedará por ver si hay empresas interesadas en la compra de la antigua comisaría y la operación no queda desierta como ha ocurrido con otros proyectos municipales (aparcamientos, Costurero de la Reina, Paseo del Arte, museo de las tradiciones...), y comprobar también en qué precio se valora, si a la baja o no, para tratar de darle salida cuanto antes.
No al parking
El Consultivo, por el contrario, ha hecho suyos los argumentos de la Comisión de Patrimonio al dictaminar en contra de la modificación puntual del PGOU para construir un gran aparcamiento subterráneo en la relativamente cercana Alameda de Hércules, un proyecto que no figuraba en el programa electoral de Zoido y que buena parte de los vecinos -opuestos al mismo- ha vinculado siempre a la venta de la Gavidia, como una especie de paquete conjunto que sirviera para dar salida comercial a la antigua comisaría.
Dicho de otro modo, el parking no estaría pensado tanto en satisfacer las necesidades de los residentes (nadie lo había pedido) como de la gran superficie que se instalara en la Gavidia, dado que este inmueble carece de aparcamiento propio y de posibilidades de construirlo por su colindancia con el existente en la plaza de la Concordia.
El Consejo Consultivo entiende que para construir ahora un parking en la Alameda, en cuyas obras de reurbanización se tardaron casi dos años y se gastaron 8 millones de euros según algunas estimaciones, habría que modificar estructuralmente el PGOU, que veta la ejecución de más estacionamientos en el Casco Antiguo para derivarlos a su periferia. Por tanto, Zoido no puede recurrir a una mera modificación puntual del Plan, sino a la redacción de uno nuevo en el que plasme su propio modelo de ciudad si es que quiere cambiar el del gobierno anterior.
Provisionalidad
Además, el Consejo destaca que el Ayuntamiento no ha sido capaz de razonar una justificación para esta recalificación más allá de que se ha retrasado la ejecución la red de transporte público prevista en el PGOU y de que se trataría de un parking provisional hasta que aquélla se materialice.
Urbanísticamente, la tesis no puede ser más endeble: no se puede otorgar una licencia de obras provisional para un parking que obligaría a poner de nuevo patas arriba el bulevar durante meses, si no años, y a un coste millonario para, posteriormente, volver a hacer lo mismo con el fin de enterrarlo una vez que se construyera el Metro.
Sería un sinsentido urbanístico (no es ése el fin de las licencias provisionales de obra) y económico, por lo que la pretendida provisionalidad sería a la postre un subterfugio para colar un parking estructuralmente irreversible y cuya construcción iría, por estimular el tráfico privado con el ‘efecto llamada’, en detrimento de la demanda creciente del transporte público de la empresa municipal Tussam, con lo que al final el Ayuntamiento acabaría actuando contra sus propios intereses.
