Según el informe elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial referente a datos del año 2013, 29 juzgados de la provincia soportan una carga de trabajo superior al 150 por cien de la media fijada por el Pleno del 24 de enero de 2013.
El estudio, con datos a 31 de diciembre de 2013, desvela que el colapso alcanza a 16 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, cinco de lo Penal, tres Juzgados de Primera Instancia, tres de lo Contencioso-Administrativo, uno de lo Social y uno de lo Mercantil, afectando a los juzgados de Arcos de la Frontera.
La sobrecarga entre los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción va desde el 155,31 por ciento hasta el 252,76. Los órganos judiciales unipersonales de la provincia de Cádiz mantienen una elevada tasa de congestión, así pese al alto índice de resolución, que se sitúa -en términos generales- en torno a un cien por cien, la pendencia sigue siendo alta.
Esta situación es consecuencia del desmedido aumento de la litigiosidad en los últimos años, a lo que se añade la falta de medidas tendentes a implantar en los distintos órganos judiciales los refuerzos necesarios, sobre todo personales, para poder asumir el volumen de trabajo.
En cuanto a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, los Juzgados de Arcos y otras ciudades superan ampliamente la carga de trabajo establecida por el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, desde hace varios años el TSJA viene detectando la necesidad de aumentar las plazas judiciales en dichos órganos.
La carga de trabajo para los Juzgados de Primera Instancia que establece el CGPJ en un intervalo de 738 y 884 asuntos por año y órgano. El sindicato judicial ha venido denunciando año tras año, las necesidades de la justicia de la provincia, la acuciante falta de medios materiales y personales que padecen, la falta de cobertura durante los tres primeros meses de las bajas por enfermedad, la convocatoria de oposiciones, la nula tasa de reposición de efectivos, la mejora y adecentamiento de las sedes judiciales y que se pongan en marcha proyectos reales para modernizar la gestión judicial.
Sin la mejora de estos medios la Administración de Justicia no alcanzará nunca los ratios de respuesta que el ciudadano demanda “y que en muchos casos son alcanzados por el trabajo sacrificado de los funcionarios judiciales”, según apunta su sindicato.
