Los Servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en colaboración con los Servicios Marítimo y de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, han abierto durante el verano --concretamente desde el 1 de junio hasta el 19 de septiembre-- un total de 350 expedientes sancionadores por marisqueo ilegal en la provincia de Huelva, y la Junta alerta del "riesgo" que supone para la ciudadanía.
Según han confirmado a Europa Press desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, estos expedientes son el resultado de la labor de control y vigilancia, tanto de la extracción y la comercialización como de la distribución y la restauración, para asegurar la trazabilidad de los productos pesqueros, y se deben, sobre todo, a causas como el marisqueo sin licencia o al desarrollo de la actividad en espacios cerrados por veda o a causa de los controles sanitarios en las zonas de producción, así como por incumplimiento de la jornada establecida o la captura de bivalvos con talla inferior a la reglamentaria.
Al respecto, la delegada de este departamento, Josefa González Bayo, ha reconocido que "la cifra es elevada" y que tiene su origen en algo que la Consejería entiende porque es "sensible", refiriéndose al "contexto de dificultades económicas que viven muchas familias a causa de la crisis y el desempleo".
La delegada ha insistido en "la sensibilidad" de la Junta ante la situación que viven muchas familias onubenses a causa del paro, pero ha alertado de que este tipo de pescado o el inmaduro "no pasa por los controles de calidad obligatorios en el mercado".
Una situación que conlleva, por un lado, "una amenaza muy seria para la sostenibilidad de los caladeros, los recursos naturales y, por tanto, para la actividad y el empleo que genera", y, por otro, por "el riesgo para la salud pública al capturarse ejemplares en zonas cerradas al marisqueo por la presencia de toxinas o que no cumplen la talla mínima", ha remarcado González Bayo.
Por ello, considera "fundamental" esa labor de sensibilización, complementaria a la labor de los Servicios de Inspección Pesquera, que están haciendo "su trabajo y muy bien" y aboga por la concienciación de los ciudadanos para que "renuncien al consumo de pescado sin el correcto etiquetado".
A su vez, la delegada ha lanzado un mensaje a la ciudadanía para que los bañistas "conozcan el riesgo que corren al ponerse a coger marisco en la orilla", indicando además que se trata de "una estampa que hay que evitar".
Las sanciones por el incumplimiento de estas prohibiciones pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen moluscos bivalvos sin autorización (sanciones graves) y entre los 60.001 y los 300.000 euros para quienes desarrollen esta actividad en un caladero cerrado por la presencia de toxinas (sanción muy grave).
