El Pleno del Congreso con un respaldo del 85 por ciento de la Cámara la ley que regula a abdicación de Juan Carlos I y que abre la puerta a que Felipe de Borbón y Grecia sea proclamado como nuevo Rey de España la próxima semana.
En la votación, pública y por llamamiento,, han participado 341 diputados. Los siete miembros de Amaiur y uno de los socialistas que pidieron libertad de voto han renunciado a participar.
Un total de 299 diputados de PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro han proclamado su apoyo al proyecto de ley, mientras que otros 19 de Izquierda Plural, ERC, BNG, Nueva Canaria, Compromís-Equo y Geroa Bai se han pronunciado en contra.
Se han registrado también 23 abstenciones de los nacionalistas de CiU, PNV y CC, más la del socialista Odón Elorza, que ha roto la disciplina de grupo.
ESCARAPELA REPUBLICANA EN LA SOLAPA
El portavoz de ICV, Joan Coscubiela, que lucía una escarapela republicana en la solapa como todos sus compañeros de grupo parlamentario insignia republicana ha defendido que no existen "razones legales" para "imponer" un procedimiento excepcional a esta norma "impidiendo un debate en condiciones sobre la misma" y la votación separada de las enmiendas planteadas por algunas formaciones, máxime teniendo en cuenta que los dos grupos mayoritarios han tenido 36 años para hacer una ley que regule la sucesión y el estatus del rey saliente y no lo han hecho.
A su juicio, PP y PSOE se están "acostumbrando peligrosamente" a restringir el debate parlamentario por su "dependencia política del debate exprés". "Están instalados en un peligroso teorema político que debilita la democracia porque, cuanta más trascendencia tiene una ley, hay menos debate", ha protestado, acusándoles también de sufrir un "pánico patológico a la ciudadanía".
Asimismo, ha reprochado a los dos principales partidos que pretendan que el Congreso se "automutile" en sus funciones legislativas y se limite "a levantar acta y tomar nota de que el piloto automático del sistema bipartidista funciona".
EL PILOTO AUTOMÁTICO DEL BIPARTIDISMO
"Desde la autoridad moral que nos da que hace 35 años antepusimos la defensa de la democracia a nuestras convicciones políticas, les decimos que el consenso constitucional de entonces no puede ser la coartada para impedirnos el derecho a debatir y a decidir hoy", ha proclamado Coscubiela, al referirse a lo que ha bautizado como "el
segundo capítulo de la segunda restauración borbónica".
Todos los argumentos esgrimidos por Coscubiela han sido descalificados por PP y PSOE, los dos únicos grupos que han defendido verbalmente en el hemiciclo la tramitación por urgencia y en lectura única del proyecto de ley de abdicación, un procedimiento que también contó con la aquiescencia de Unión, Progreso y Democracia y de CiU.
ARGUMENTOS "PEREGRINOS" Y "SIN SENTIDO"
"Peregrinos y de conveniencia", así ha definido los argumentos de la Izquierda Plural el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha negado que se haya "hurtado el debate" ha defendido que los grupos han tenido tiempo suficiente para presentar sus enmiendas y ha acusado a Coscubiela de pretender confundir "agilidad con precipitación".
Así, ha enfatizado que el elegido es el procedimiento más adecuado, que éste "no es excepcional ni extraño" porque se ha utilizado en muchas ocasiones en todas las legislaturas, y que se está aplicando respetando escrupulosamente los requisitos exigidos por el Reglamento del Congreso y el Tribunal Constitucional.
"¿Alguien puede argumentar sin rubor que una ley de artículo único, con dos apartados y una disposición, tiene una gran complejidad técnica y no puede tramitarse en lectura única?", ha preguntado, a la vez que ha remarcado que el interés general no justifica "demoras o retrasos" en el cumplimiento del mandato constitucional y que el PP ha actuado "por convicción, responsabilidad y sentido de Estado".
En nombre del PSOE, su portavoz, Soraya Rodríguez, también ha desdeñado la tesis de la Izquierda Plural al firmar que sus argumentos "no tienen ningún sentido ni ningún significado" y ha destacado que tanto la sencillez del proyecto de ley como su naturaleza --dar efectividad al acto personalísimo del Rey de abdicar-- aconsejaban que se tramitara por urgencia y en un único debate en el Pleno.
"Se trata de una ley procedimental y necesaria para que la abdicación tenga eficacia jurídica", ha detallado, incidiendo en que "no es una ley de sucesión, sin una ley-acto para dar validez a la acción de la abdicación".
