La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha remitido a la Audiencia Provincial de Valencia el juicio por la pieza 3 del 'caso Gürtel', relativa a las contrataciones entre la Generalitat Valenciana y Orange Market S.L. por la Feria de Turismo Fitur entre los años 2005 y 2009, ante la ausencia de personas aforadas, ya que las dos únicas que reunían esta condición, Milagrosa Martínez y Angélica Such, ambas exconsejeras de Turismo, renunciaron a sus actas de diputadas recientemente.
Así consta en un auto, contra el que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), en el que el tribunal valenciano se declara no competente para enjuiciar estos hechos por carecer todos los acusados --13 en total-- de la condición de aforados. De esta forma, remite a la Audiencia la causa para que proceda al señalamiento y celebración de la vista.
El juicio por esta pieza debía haber comenzado el pasado 31 de marzo en el TSJCV, tal y como se había señalado, pero la renuncia a su escaño tanto de Such como de Martínez --esta última 10 días antes de empezar la vista-- provocó que la Sala planteara cuestión de competencia --al no quedar aforadas-- y suspendiera la celebración del juicio hasta escuchar a las partes de la causa y llegar a una conclusión.
En ese transcurso, 11 de las personas acusadas en esta pieza --Such; Martínez; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Consejería de Turismo; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades-- consideraron que la Sala había perdido su competencia para enjuiciar los hechos.
Por su parte, otros dos acusados, Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT; y Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; y las partes acusadoras --ministerio fiscal y PSPV (acusación popular)-- estimaron que el juicio debía seguir tal y como se había previsto inicialmente, en el TSJCV.
En concreto, la Fiscalía se refería en su escrito a tres argumentos fundamentales: el primero, que el TS ordenó en su día que los hechos remitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la rama valenciana del 'caso Gürtel' debían ser "íntegramente" asumidos por el TSJCV, y que debían someterse al mismo proceso a aforados y no aforados; el segundo, solicitaba mantener la competencia para evitar dilaciones indebidas, preservar la seguridad jurídica y evitar pronunciamientos contradictorios; y, el tercero, entendía que la renuncia de Such y Martínez a sus actas de diputadas podría incurrir en fraude de ley, puesto que se produjo ocho meses después de dictarse auto de apertura de juicio y a escasos días del inicio de la vista.
Así mismo, el ministerio público aludió a la jurisprudencia para alegar que la mayoría de las resoluciones dictadas por tribunales de justicia entienden que el momento temporal en que queda perpetuada la competencia es el del señalamiento del inicio de las sesiones de juicio.
NO SE EXTIENDE AL ENJUICIAMIENTO
Al respecto, el tribunal valenciano, tras estudiar todos los argumentos esgrimidos, indica, en relación con la resolución del TS sobre la unidad del procedimiento, que ésta "lo es para la tramitación de la instrucción" respecto de los hechos delictivos cuya competencia se asumió por inhibición del TSJM, y esta orden no se extiende al enjuiciamiento en sí.
Por otro lado, señala que la unidad del procedimiento en la instrucción, cuando se forman piezas separadas, "no es extensible a los enjuiciamientos dimanantes de lo que resulte de cada pieza separada". También puntualiza que el enjuiciamiento de una de las piezas separadas no afecta al procedimiento de investigación que se continúa respecto de las demás piezas aún en instrucción.
En este sentido, añade: "de seguirse la tesis sostenida por el ministerio fiscal, se llegaría al absurdo de que en la hipótesis de que terminada la investigación de todas las piezas y no resultando acusadas en ninguna de ellas personas aforadas, seguiría siendo competente el tribunal de aforamiento porque asumió o se le fijó la competencia para la instrucción e investigación de los presuntos hechos delictivos, con clara vulneración del principio del juez predeterminado por la ley, pues acabaría enjuiciando exclusivamente a no aforados un tribunal de aforamiento".
Por otro lado, el tribunal, quien no estima que se haya cometido fraude de ley con la renuncia tardía de las actas de las diputadas, ha agregado en relación con el momento en que se fija la competencia, que, en general, aunque el auto de apertura de juicio oral viene a señalar el órgano judicial competente para el enjuiciamiento de los hechos, "existen supuestos en la propia norma que evidencian que dicha fijación puede no ser definitiva". De esta forma, considera que el tribunal podría variar la competencia en cualquier momento anterior al inicio del juicio, un supuesto que se da en este caso.
Por todos estos argumentos, el TSJCV se declara no competente para enjuiciar los hechos; y para decidir el órgano que sí que lo es --Audiencia de Valencia o la Audiencia Nacional (donde se instruye el grueso del 'caso Gürtel'--, estudia criterios relativos a la territorialidad y a las características de los hechos delictivos por los que se acusa a los procesados.
Al respecto, recuerda que el ámbito territorial en el que se producen los hechos investigados es el de Valencia, y afirma que por tales hechos delictivos se piden penas que exceden de las recogidas en el punto 3 de los del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --por este último aspecto, se descarta remitir la causa a un juzgado de lo Penal--. Así, se inhibe en favor de la Audiencia de Valencia, y no de la Audiencia Nacional como requerían dos acusados: Cándido Herrero y Miguel Guarro.
LOS HECHOS
A los procesados en esta pieza 3 --en total hay 6 en el procedimiento-- se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market --y otras sociedades vinculadas--, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.
Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.
