Andalucía absorbe casi la mitad de todo el juego ilegal de España y mueve en ventas más de 40 millones de euros de los 84 millones que registra el conjunto del país. Un dinero fraudulento que no se declara a la Hacienda Pública y que no repercute en la creación de riqueza, según han indicado el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles.
Junto con el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno, han presentado este miércoles los resultados de un estudio que recoge que en 2011 las ventas eran de 26,3 millones, por lo que ha habido un incremento superior al 53 por ciento en solo dos años.
Cádiz es la primera de Andalucía en juego ilegal, con el 65 por ciento del total; seguida de Málaga, con el 22,97 por ciento, y Sevilla, con un cinco por ciento de la región, ha precisado Cárceles en rueda de prensa.
En la Comunidad hay 1.202 vendedores --frente a los 848 de 2011-- en situación irregular de los 3.726 de España. En el caso de Málaga, hay 216, el 73,7 por ciento; además de que en esta provincia se ha incrementado notablemente el juego ilegal en los dos últimos años, con un aumento del 56,67 por ciento y unas ventas por valor de 9,2 millones de euros.
"Es un dinero que no tributa ni genera riqueza, es un engaño y un fraude y solo genera confusión", ha asegurado, al tiempo que ha reclamado "contundencia" para luchar contra "una lacra que se aprovecha de las personas más vulnerables de la sociedad".
Cárceles ha criticado a la OID y ha citado al Ministerio de Justicia indicando que la organización "tiene intención de lucrarse a expensas de las personas más vulnerables" y teniendo a unos trabajadores en unas condiciones laborales "en precario". "Todo aquel juego que no tiene concesión es ilegal y un fraude", ha reiterado.
Ha añadido que es una actividad que genera "una bolsa de dinero negro, sucio, que va a intereses muy personales; un fraude contra el Estado, contra los consumidores y contra los trabajadores que no tienen ni contrato ni cobertura".
El responsable de la ONCE en Andalucía ha criticado que aquellos que operan con juegos ilegales "se aprovechen miserablemente de la imagen de lastimería y beneficencia --de los discapacitados-- cuando venimos luchando para que se nos trate con igualdad".
En este sentido, ha recordado que hay una Plataforma en Defensa del Juego Legal y Responsable que engloba a asociaciones de discapacitados, sindicatos CCOO y UGT, consumidores y a la mesa del tercer sector con organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, voluntarios, etcétera.
En los mismo términos se ha pronunciado el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno, quien ha incidido en que el juego ilegal es "un auténtico fraude" y ha hecho un llamamiento para perseguir estas acciones porque "no respetan las reglas del juego responsable". Además, ha añadido, "deteriora la imagen de un colectivo como la ONCE".
CONVENIO CON CONSUMIDORES
Por ello, la ONCE y los consumidores han firmado un convenio de colaboración contra el juego ilegal, que prevé la puesta en marcha de un observatorio, una comisión de seguimiento de lucha contra esta actividad y el impulso de manera coordinada del Plan de Responsabilidad Social Corporativa y de Gestión Responsable del Juego.
Ambas organizaciones se comprometen a promover la accesibilidad especialmente en el ámbito de la información que afecta a las personas con discapacidad como consumidoras y usuarias, tramitación de reclamaciones y promoción de jornadas y campañas de sensibilización social.
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga ha recordado, por su parte, que "el juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa". Así, ha agregado que "quienes organizan actividades ilegales de juego perjudican a los quienes sí cumplen la legislación".
La Junta ha intensificado la lucha contra el juego ilegal, lo que ha dado como fruto que la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía se ha incautado en lo que va de año de 71.792 boletos de loterías ilegales en la provincia de Málaga, de los cuales 61.854 pertenecían a OID y el resto a las organizaciones denominadas ANDA, ADA, OIDD y Rápida.