La Fiscalía de Málaga remitió a principios de mes al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda, que se ocupa del caso Acinipo, un escrito firmado por José Rodríguez de la Borbolla, implicado en esta investigación, con el que ex presidente andaluz pretende aclarar a iniciativa propia las dudas que pudieran existir en torno a las minutas que aparecen en el sumario del caso referidas al asesoramiento que su empresa de abogados ofreció a los promotores del proyecto de Eroski, que investiga la causa. Tras que la Udyco indicara la presunta incompatibilidad por ser Borbolla miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, del que dependía el cambio del PGOU que permitiría la llegada del centro comercial a Ronda, el ex presidente niega cualquier infracción del régimen de incompatibilidades.
El ex presidente admite que a través de Borbolla Abogados prestó asesoramiento jurídico a Cecosa Hipermercados, empresa vinculada al grupo Eroski, pero asegura que fue a principios de 2008, antes de que entrara en el Consejo Consultivo de Andalucía el expediente de modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de Ronda (PGOU). En cualquier caso, niega que su “condición de Consejero Permanente en dicho órgano sea incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional, entre ellas la de abogado profesional”, afirmando que “desde la fundación del Consejo Consultivo, son múltiples los ejemplos de Consejeros que han continuado desarrollando sus actividades profesionales, y no sólo los Consejeros Permanentes, sino también los Consejeros Electos sin dedicación exclusiva al Consejo”. Borbolla añade en este mismo sentido que “no parece que se pueda decir que la condición de miembro del Consejo Consultivo acompañe, de manera inescindible, a toda actuación personal o profesional”.
Niega además que del nombramiento por decreto de los consejeros permanentes se pueda deducir su condición de alto cargo, como afirmaba la Policía, hablando de un evidente error.
El escrito se acompaña de un informe de la Secretaría General de Administración Pública, un ejemplar de la guía de incompatibilidades publicada por la Junta de Andalucía y un informe del Secretario General del Consejo Consultivo acreditando que los Consejeros Permanentes pueden desempeñar la profesión de abogado.
Incluso pese a no ser Borbolla parte personada en la causa Acinipo, el Fiscal Anticorrupción pide a la jueza del caso que incorpore toda esa documentación y el alegato del ex presidente a las diligencias, dando traslado además de todo ello a la Policía Judicial para que la información aportada medie en los informes policiales que, según el fiscal, se siguen elaborando.
Fue en septiembre pasado cuando se hizo pública la implicación de José Rodríguez de la Borbolla en esta investigación. Aunque la jueza pretendió mantener el secreto sobre estas actuaciones en concreto, dos autos sobre los que sí se levantó dicho secreto adivinaron las indagaciones en torno al antiguo presidente de la Junta de Andalucía.
