El Gobierno busca vías para informar directamente a la sociedad catalana sobre la realidad económica del país y sobre la financiación que reciben las instituciones catalanas del Estado para pagar los servicios básicos que prestan, como la atención sanitaria o farmacéutica.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press han explicado que el Gobierno sigue reuniendo estudios e informes para armarse de argumentos que demuestren el esfuerzo económico del Estado para permitir la financiación de los servicios autonómicos, dada la imposibilidad de varios ejecutivos regionales, entre ellos el catalán, para lograr liquidez por su cuenta.
La intención del Gobierno es seguir una estrategia de no responder a las acusaciones que se lanzan desde la Generalitat sobre un supuesto expolio por parte del Estado ni al argumento de que, si el Estado ofrece ayuda económica al Gobierno catalán, es porque no le da la financiación que le corresponde.
Así, por ejemplo, se ha actuado con el documento de la Generalitat titulado 'La deslealtad del Estado respecto a Cataluña', que cuantificaba en 9.375,7 millones el coste de los "incumplimientos" y deudas del Estado con la Generalitat.
Las fuentes consultadas han asegurado que la estrategia no será contestar a esta argumentación, no establecer un debate entre políticos, porque se considera que quienes impulsan el proceso soberanista no van a cambiar de criterio ni a aceptar razonamientos distintos.
25.000 MILLONES DE APOYO
El interés del Gobierno es hacer llegar otra información directamente a los catalanes y a los colectivos que se considera beneficiados por la integración de Cataluña en el Estado.
Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha mantenido reuniones con el Colegio de Farmacéuticos catalanes y varias asociaciones empresariales para explicarles cómo el Gobierno les va a abonar facturas adeudadas por la Generalitat. La administración catalana deberá devolver en la próxima década este dinero, con un tipo de interés.
El llamado plan de pago a proveedores ha servido para saldar deudas del Gobierno catalán por valor de 6.464 millones de euros, correspondientes a millones de facturas impagadas. De esta cifra, faltan por abonar 2.276 millones que se pagarán el día 18 de febrero.
Además, la Generalitat recibió en 2012 del Estado 6.664 millones del Fondo de Liquidez para atender vencimientos de deuda; el año pasado fueron 10.838. Por el momento, se desconoce la cifra total que necesitará en 2014, aunque la propia Generalitat ha adelantado que superará los 6.347 millones.
LAS PENSIONES CATALANAS
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado la elaboración de unas cuentas públicas regionalizadas que ofrezcan una fotografía más amplia del movimiento del dinero público entre territorios que el que ofrecen las balanzas fiscales.
Este nuevo cuadro de cifras, incluirá por ejemplo el capítulo de las pensiones. Según reflejan los datos de la Seguridad Social desagregados por regiones y provincias, a los que ha tenido acceso Europa Press, hay excedentes de cotización a la Seguridad Social en Canarias, Madrid y Baleares, que ayudan a pagar el déficit que arrojan las pensiones en Cataluña y otras autonomías.
Según estos datos, durante 2010, la aportación total de Cataluña a la Seguridad Social fue de 18.422 millones de euros, pero sus pensiones costaron 18.842 millones. El desfase se acentuó en 2011, cuando los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos fueron de 19.541 millones.
La descompensación creció en 2012 y asciendió a los 2.385 millones de euros, sobre todo por la provincia de Barcelona, que registró un déficit de 1.957 millones después de haber recaudado 13.934 millones de euros y gastado en sus pensionistas 15.891 millones.
