Si paga, el Ayuntamiento seguirá prestando el servicio de ayuda a domicilio. El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya propuso ayer a la Junta de Andalucía una solución para afrontar el pago del dinero que debe transferir cada dos meses al Consistorio para la prestación de la ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia, que pasa, según explicó, por “negociar con una entidad financiera el adelanto de ese dinero”, comprometiéndose a cambio a devolvérselo a ese banco en los dos meses siguientes, de modo que si el día 61 después del adelanto "no ha logrado reintegrarle la cantidad, el Gobierno autonómico pague los intereses de demora”.
Según recoge Europa Press, el alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento va a cumplir siempre con sus competencias en esta materia, en la que ha llamado a distinguir entre la "ayuda a domicilio municipal, que el Consistorio seguirá prestando, y la Dependencia, cuya gestión de recursos (en referencia a los pagos), es competencia de la Junta”. Por eso, según insistió, la Administración autonómica tiene que conveniar con el Ayuntamiento para la prestación de la dependencia, “porque es su competencia”, y también por ese motivo, considera que la Junta “no ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales tras denunciar este último dicho convenio, porque no puede”, mantiene.
Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía de Jaén ha archivado las incidencias que el sindicato UGT le había remitido por escrito en días anteriores sobre la prestación del servicio de Dependencia, al entender el Ministerio Público que en los casos de supuestas anomalías denunciadas “no se han conculcado derechos fundamentales” de las personas.
Fuentes de la Fiscalía de Jaén consultadas por Europa Press han informado al sindicato, al tiempo que han aseverado que mientras no se produzca una conculcación de derechos fundamentales, el Ministerio Público no tiene nada que hacer ni puede intervenir en esta materia. De esta manera, desde la Fiscalía han indicado que los asuntos que centran los escritos remitidos por UGT corresponden a problemas administrativos que tendrán que solucionar las administraciones como crean oportuno, pero no son casos en los que derechos fundamentales hayan resultado afectados.
En concreto, según denunció UGT, una de las incidencias que se trasladaban a la Fiscalía tenía que ver con los problemas que había tenido un dependiente para ser de nuevo dado de alta como beneficiario del servicio tras haber permanecido un tiempo hospitalizado.
