La Audiencia de Málaga ha condenado a 23 años de prisión al hombre acusado de matar a su exmujer con un cuchillo y un hacha en la barriada malagueña de El Palo en 2011. Así, por el delito de asesinato se le impone 20 años de cárcel, por la gravedad de los hechos, la "violencia y agresividad demostrada, así como por su falta de humanidad"; por el de amenazas graves se le condena a dos años, y por el de quebrantamiento de condena, a un año de prisión.
Además, se le impone el pago de 100.000 euros a la madre de la víctima y de 300.000 euros a la hija de ambos, de ocho años ahora, aunque no se estima conveniente la retirada de la patria potestad, al considerar que "no se ha practicado ninguna prueba" al respecto, sino que, por contra, consta en los informes periciales que existen en la causa que "la menor no expresa rechazo a su padre ni a la familia paterna". La defensa recurrirá la resolución.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se declara probado que el acusado y la víctima tuvieron una relación durante seis años, de la que nació la hija. Él había sido condenado por maltrato y tenía prohibido aproximarse a ella, aunque días antes de los hechos estuvo cerca de la casa y, además, previamente le había dicho que "la iba a matar", por lo que la mujer pidió a sus familiares que si le pasaba algo no le dejaran ver a la hija.
El día de los hechos, con el objetivo de acabar con la vida de su expareja, estaba en la calle por donde pasó la mujer y le salió a su encuentro. De manera sorpresiva, dice la resolución, "con un hacha que portaba, le propinó golpes en la cabeza, cara y cuello". La mujer intentó huir y cuando cayó al suelo "aturdida por los golpes", el acusado, con un cuchillo "le asestó ocho cortes en el cuello", que le produjeron heridas que la llevaron a la muerte.
Para la Sala, estos hechos constituyen un delito de amenazas graves, puesto que los testigos pusieron de manifiesto el temor de la mujer hacia el acusado; y de otro de quebrantamiento de condena, ya que pese a saber que tenía prohibido acercarse a la mujer, se puso en contacto con ella para manifestarle que la mataría y también estuvo cerca de su domicilio y del centro escolar en el que estudiaba la hija.
Asimismo, se le condena por un delito de asesinato, considerando que el acusado aprovechó que la mujer iba a pasar por esa calle para "esperarla" y tuvo "la intención de acabar con su vida", para lo que se acercó a ella "de forma inopinada, subrepticia y violenta, sin duda para no ser visto y cogerla desprevenida", haciendo imposible cualquier defensa. No estima la Sala que haya ensañamiento, pero sí la agravante de parentesco.
Para el Tribunal, el procesado, aunque manifestó no recordar nada de los hechos, "ha hecho gala de una pérdida de memoria selectiva, lo cual no se corresponde con ningún cuadro psiquiátrico", recordando que los médicos no apreciaron trastorno alguno. La Sala aprecia que "se trata de un simulador en cuanto a los hechos, lo que es propio de una persona que no se quiere enfrentar a la barbaridad de lo realizado", rechazando cualquier atenuante de alteración mental.
Al acusado se le absuelve del delito de malos tratos habituales, al entender que no se puede concluir, más allá de los posibles problemas de convivencia de la pareja y de las amenazas previas, que la víctima estuviera sometida a un estado de agresión permanente. De hecho, el Tribunal apunta que la prueba testifical practicada "ha revelado que a la pareja no se le oía discutir y que el procesado era un buen padre".
PATRIA POTESTAD
Por otro lado, se indica que los escritos de las acusaciones "no aluden al perjuicio --algún trastorno psicológico o comportamental que se derive del hecho enjuiciado-- que puede sufrir la menor de no privar al padre de la patria potestad". Así, el Tribunal indica que carece de especialización profesional en psicología infantil, por lo que "lo menos que podría pedirse" para mantener la petición de retirada es que se aportaran las pruebas necesarias.
"Si bastase para fundar tal conclusión la mera consideración apodíctica de que un maltratador de su pareja no puede ser un padre adecuado para sus hijos, el legislador habría establecido la privación de la patria potestad como pena imperativa", recuerda la Audiencia, al tiempo que indica que "no se ha practicado ninguna prueba con ese objeto", por lo que no acuerda esa pena "adicional", al margen de lo que pueda determinarse en un proceso civil.
