El PSOE de Huelva va a pedir a sus alcaldes y equipos de Gobierno que se unan a la iniciativa puesta en marcha por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Huelva para declarar los municipios "libres de desahucios" y apoyar así a las familias afectadas por estas situaciones. Bajo el nombre de 'Ruta de la PAH', "los ayuntamientos que quieran pueden aprobar una moción en pleno para poner en marcha una serie de medidas que eviten que más familias se queden sin casa".
En un comunicado, el secretario de Política Municipal de los socialistas onubenses, Manuel Domínguez, ha explicado que tras estudiar la propuesta de la PAH, "nos hemos comprometido a pedir el respaldo a esta medida a los socialistas onubenses que gobiernan". Además, ha asegurado que instarán a los grupos municipales en la oposición a que presenten esta moción en sus ayuntamientos.
En este sentido, el dirigente del PSOE ha indicado que "es el momento de recuperar el tiempo perdido y parar de una vez por todas esta injusticia social". "Desde el PSOE de Huelva no queremos seguir viendo que los mismos bancos que reciben miles de millones de euros de ayudas públicas echan a nuestros vecinos a la calle", subraya.
De esta manera, en la moción elaborada por la PAH de Huelva se pide instar al Gobierno Central a que mediante decreto-ley con carácter de urgencia, deje en suspenso y ordene revisar todos los desalojos en ejecución derivados de la ley hipotecaria y que afectan a viviendas habituales o que son primera residencia para la unidad familiar; y exigir el cambio de la legislación actual aceptando las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH, así como la retirada del recurso en el Tribunal Constitucional al decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía.
Además, se propone la creación de una comisión de seguimiento formada por responsables políticos, vecinales, entidades bancarias y asociaciones, así como estudiar el cambio legislativo "para que el impuesto de plusvalía de la deuda lo pague el banco en caso de pasar a ser propietario de la vivienda por una dación en pago o subasta".
También se propone la creación junto a las direcciones de las oficinas bancarias de un censo de viviendas vacías para que puedan ser habitadas mediante alquiler social. Otra medida sería crear un grupo de trabajo formado por la Oficina Local de la Vivienda, los Servicios de Intermediación Bancaria y los Servicios Sociales Municipales para analizar las diversas situaciones específicas generadas por los procesos judiciales de ejecución hipotecaria, y hacer propuestas concretas de intervención, siguiendo las directrices marcadas por la comisión de seguimiento. La puesta en marcha de un teléfono gratuito de atención a afectados forma parte de este decálogo de medidas.
