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Córdoba

El PP preguntará este miércoles en el Parlamento por la Ciudad de la Justicia de Córdoba

El parlamentario popular añade que "los cordobeses han comprobado el fraude que suponen los Presupuestos de la Junta de Andalucía, ya que presupuestan pero no ejecutan"

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  • Adolfo Molina

El secretario general y parlamentario andaluz del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha informado este martes de que preguntará este miércoles en la Comisión de Justicia del Parlamento de Andalucía por el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, "prometida por el gobierno socialista en 2001".

   En una rueda de prensa, acompañado por el portavoz de Justicia del GPP-A en el Parlamento de Andalucía, Juan Ramón Ferreira, Molina ha advertido de que "desde 2005 se ha visto como el Gobierno andaluz ha ido alargando los plazos anunciados por ellos mismos", al tiempo que recuerda que en noviembre de 2013 termina el último plazo dado por el PSOE-A a la Ciudad de la Justicia de Córdoba. "¿Qué va a hacer la Junta de Andalucía cuando expire este plazo?", se pregunta.

   El parlamentario popular añade que "los cordobeses han comprobado el fraude que suponen los Presupuestos de la Junta de Andalucía, ya que presupuestan pero no ejecutan". Molina se ha referido a los Presupuestos de 2008, cuando la Junta presupuestó 3.739.674 euros para la construcción de la Ciudad de la Justicia, pero solo reconocieron la obligación del pago de 7.500 euros.

   En 2009, "ni siquiera apareció la Ciudad de la Justicia en los Presupuestos de la Junta", ha lamentado, para agregar que en 2010, volvieron a presupuestar hasta 2.9985.501 euros, pero solo reconocieron la obligación del pago de 41.586 euros. "Misma suerte corrió en 2011, ya que la Ciudad de la Justicia aparecía en los Presupuestos autonómicos con 275.523, cuya obligación de pago solo alcanzó los 250.160 euros", ha apostillado.

   "Llega 2012, y la Junta no provincializa sus presupuestos en un claro ejercicio de falta de transparencia", sin embargo, "el gobierno socialista anunció 8,5 millones de euros para la Ciudad de la Justicia", ha subrayado el popular, quien se pregunta "¿dónde están todos estos millones de euros?, ya que pasan los años y la Ciudad de la Justicia sigue siendo un solar".

LA DISPERSIÓN JUDICIAL

   El portavoz de Justicia del GPP-A en el Parlamento de Andalucía, Juan Ramón Ferreira, ha afirmado que "la Ciudad de la Justicia es una necesidad para Córdoba", ya que "la provincia cuenta con una dispersión judicial incomparable que la hace ineficaz". Ferreira acusa a la Junta de Andalucía de "gastar en alquileres actualmente el dinero que podrían destinar a construir la Ciudad de la Justicia".

   "Tras anuncios que han caído en saco roto, es el momento de que la Junta de Andalucía diga la verdad ya que los Presupuestos andaluces para 2014 serán la última oportunidad para la Ciudad de la Justicia en la presente legislatura", afirma Ferreira.

   "Mientras las reivindicaciones históricas del sector judicial siguen paralizadas", prosigue, "Andalucía cuenta con un consejero de Justicia más conocido por lo que dice que por lo que hace". Ferreira ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial ya exigió respeto al consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, hacia la instrucción de la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE, y las declaraciones del consejero en las que afirmaba que la juez Alaya "trabaja mucho y encima sigue guapa". "Quizás esta actitud ha sido la que le ha hecho ser el único socialista que Susana Díaz ha mantenido como consejero", ha considerado el popular.

LOS PROCURADORES "NO SE SUPRIMEN"

   Por otra parte, Juan Ramón Ferreira, procurador en ejercicio, ha afirmado que "hasta ahora solo tenemos un anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales que no contempla la supresión de los procuradores, sino levantar la incompatibilidad del ejercicio entre juez y procurador", así como que "las cosas que hacen los abogados las puedan hacer los procuradores, y viceversa".

   El portavoz popular ha reconocido consecuencias prácticas que ahora presenta el anteproyecto, susceptible de modificarse en el trámite parlamentario, "pero en ningún momento estamos hablando de eliminar esta figura sino de levantar la reserva de actividad total o parcialmente", ha aclarado.

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