El exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies ha asegurado que en su "vida" ha hablado por teléfono con el dueño del bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, que recibió un chivatazo el 4 de mayo de 2006 sobre la existencia de una operación contra ETA, y que nunca habría aceptado "una orden política" para interrumpir una operación policial.
Durante la primera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, el fiscal Carlos Bautista ha preguntado a Pamies si el exdirector general de la Policía le llamó la noche anterior a los hechos para darle la "orden política de interrumpir la 'operación Urogallo'" contra el aparato de extorsión de ETA. "No, para nada, tampoco la habría aceptado", ha asegurado.
El mando policial, que se enfrenta hasta nueve años de cárcel por estos hechos, ha asegurado que la presencia del inspector José María Ballesteros, presunto autor del soplo junto a él, en la zona del 'Faisán' se debió a que le pidió que visitara los tres puestos fronterizos porque tenía que reunirse en Francia con un confidente etarra conocido con el sobrenombre de 'Romano' y temía una acción de la policía gala.
"Quien me preocupa es la Policía francesa. Tenía que hacer el traslado porque él tenía acceso a material de la organización. Si nos pillan con eso, es muy difícil explicárselo. Hacemos un pan con unas tortas", ha dicho.
SE ENTERÓ LA TARDE ANTERIOR
Durante su interrogatorio, que se ha prolongado durante una hora y cuarto, Pamies ha asegurado que se enteró de la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA por el comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo, quien le pidió el apoyo de unidades de intervención policial (UIP) a su cargo.
Por eso, llamó al jefe de la Brigada de Información Provincial de San Sebastián, Manuel Risco. "Le pregunté qué pasaba y por qué nadie me había informado de que había una operación en mi territorio. Que no se me informe no me parece lo más correcto", ha apuntado después de admitir su falta de "sintonía" con el entonces comisario general de Información, Telesforo Rubio.
En relación con las llamadas con el jefe de Brigada en Francia, Alberto León, ha asegurado que tenían el propósito de conocer las intenciones de la Policía gala. "Quería saber si los franceses estaban en pie de guerra. Le dije '¿tú qué coñ..., perdón, tú qué sabes de esto que van a hacer? --ha señalado--. Difícilmente me podía dar ningún dato porque no lo conocía".
TRASIEGO DE LLAMADAS
Pamies, que llevaba 30 años destinado en el País Vasco cuando se produjo el chivatazo, ha negado que el trasiego de llamadas que mantuvo con el entonces director general de la Policía Víctor García Hidalgo, y con la jefa de Sección de la citada Brigada, Teresa Herraiz, se debiera a la preparación del chivatazo y se ha quejado de que toda la investigación se base en las llamadas de uno de sus teléfonos móviles.
"Todo el sumario está basado en mi móvil profesional, no se han chequeado ni dos teléfonos oficiales en mi despacho ni tres teléfonos oficiales que tengo en mi domicilio ni otro móvil que tengo a mi nombre desde el año 2000 y otros tres teléfonos prepago que tengo", se ha quejado.
También ha admitido que, tras el chivatazo, llamó al jefe del equipo investigador, Carlos Germán, para preguntarle si había identificado a alguno de sus hombres como autor del soplo y a García Hidalgo para pedirle que le echara "más narices" para impedir que todos los miembros de la Brigada participaran en una rueda de reconocimiento ante Elosua.
A preguntas de su abogada defensora, María Ponte, ha asegurado que sus superiores estaban informados puntualmente de la identidad, el estado procesal y las citas que mantenía con su confidente, al tiempo que ha hecho hincapié en que no tenía capacidad para interrumpir la operación franco-española contra el aparato de financiación de ETA.
"Ni yo ni ningún policía español tiene influencia sobre madame Le Vert (juez antiterrorista francesa), ni el presidente de la República... Le podemos bailar una jota que, como tome una decisión, es imposible hacerla cambiar", ha apostillado.
LA RELACIÓN CON EL CONFIDENTE
De igual modo, Pamies ha explicado a preguntas del fiscal, Carlos Bautista, que las citas con el etarra, del que sabía que tenía "problemas procesales en España", se planeaban con tiempo y que con él mantenía una relación "de confianza". "Le conocía de mucho antes. Yo le daba dinero, le decía qué tenía que hacer con la Policía francesa, él me pedía lo que necesitaba y yo se lo daba", ha dicho.
También ha explicado que tenía que acudir personalmente a esa cita porque es la práctica habitual con los confidentes. "Cuando consigues un confidente tú te lo guisas, tú te lo comes y tú te buscas la vida. Van dos si es una fuente abierta, un confidente de medio pelo", ha asegurado.
En este contexto, ha negado que ordenara a Ballesteros acudir al edificio Gazteluzar de Irún, donde vivía Elosua, para darle el soplo allí, como sostienen las acusaciones. "Ni de coña", ha dicho Pamies. También ha negado que haya hablado con el dueño del Faisán desde el 4 de mayo de 2006. "He hablado con él en persona cuando he ido al Faisán a tomar algo y no sé si me sirvió él", ha señalado.
PAMIES: "ALUCINABA EN COLORES CON LA ACUSACIÓN"
Durante su interrogatorio, Pamies ha utilizado un lenguaje muy coloquial, hasta el punto de que el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le ha animado a "expresarse libremente". "No nos vamos a asustar, somos mayores de edad", le ha dicho. En otra ocasión, sin embargo, le ha pedido que no "vilipendiara" al fiscal. "Sólo le falta agredirle", ha apuntado.
Pamies ha dicho que "alucinaba en colores con la acusación" que le hacía el primer juez instructor, Baltasar Garzón, y que, de haber sabido que su teléfono estaba pinchado, "alguna que otra burrada habría soltado", ha señalado en otro. A preguntas sobre las llamadas le ha espetado al fiscal: "Si me acordara de estos detalles que me pregunta, no sería policía, estaría dirigiendo alguna universidad".
En su escrito provisional de conclusiones el fiscal Carlos Bautista solicita dos años de cárcel para Pamies y uno y medio para Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque por orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, incluyó como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.
