El comité de empresa de la sociedad gestora del mercado central de abastos, Mercasevilla, ha formalizado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una demanda contra el expediente de regulación de empleo (ERE) consumado el pasado mes de agosto por esta compañía mixta con el despido de 129 trabajadores y la externalización de los puestos de trabajo de otros 39. Los despidos fueron consumados con indemnizaciones de 20 días por año de servicio y la demanda carga, en concreto, contra Mercasevilla, los mayoristas de pescado y las empresas subcontratadas para afrontar supuestamente la labor de los trabajadores despedidos.
La demanda, elevada a la sala de lo Social del TSJA, incluye a los mayoristas de pescado y a diversas empresas subcontratadas porque son "quienes ahora realizan el trabajo de los trabajadores despedidos", según ha explicado a Europa Press Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla.
ERE EN PLENO AGOSTO
Los despidos, en concreto, comenzaron a ser efectivos el pasado 12 de agosto, la jornada en la que precisamente entró en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado. Y es que la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja, con su consiguiente precio para los mayoristas de pescado, juega un papel fundamental en la dura reestructuración laboral promovida por esta sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa.
La liberalización de los servicios de carga de género y facturación de ventas que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye uno de los factores clave de este procedimiento, toda vez que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde precisamente al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.
EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA
En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al prestar con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido aún ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.
Sea como sea, en los últimos meses el Consistorio hispalense ha tramitado y aprobado definitivamente una modificación de los reglamentos de Mercasevilla que liberaliza los servicios que los trabajadores de la empresa prestan en la lonja de pescado, extremo que entró en vigor el pasado 12 de agosto abriendo las labores de carga y descarga y facturación del género a la libre contratación por parte de los empresarios mayoristas.
En paralelo, Mercasevilla promovía una operación de ampliación de capital por valor de casi seis millones de euros para recabar fondos con los que afrontar las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) asociado a la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja. El Ayuntamiento, como socio mayoritario de Mercasevilla, aportó 3.086.154 euros a esta ampliación de capital.
