Las obras que el Ayuntamiento de Órgiva (Granada) ejecuta en el antiguo cementerio de la localidad para construir una plaza han provocado la destrucción de cuatro posibles fosas comunes de la posguerra, una de ellas con cinco personas, dos con dos guerrilleros y otra con una sola víctima enterrada, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Memoria Democrática.
El Consistorio, gobernado por el PSOE, asegura que cuando comenzó los trabajos, el pasado mes de junio, no tenía conocimiento de los enterramientos comunes, que no fueron recogidos en el Mapa de Fosas de Andalucía, y que en cuanto supo de su posible existencia actuó y colaboró con el equipo técnico de la Junta de Andalucía desplazado a la zona. Además, la alcaldesa, Mª Ángeles Blanco, ha negado que se hayan destrozado las fosas con excavadoras y ha sostenido que "lo importante en todo esto es que se conozca la verdad para que las familias se queden tranquilas", han indicado a Europa Press fuentes municipales.
Sin embargo, la nieta de uno de los posibles enterrados en la zona, Mónica Fernández González, sostiene que en agosto del año pasado ya informó al Ayuntamiento de que en ese lugar podrían estar enterrados su abuelo y su tío abuelo, Francisco y Narciso Fernández Castro, que, según los testimonios orales, fueron fusilados el 18 de julio de 1947 y enterrados en una fosa común en el cementerio de la localidad, en la Alpujarra granadina, según ha adelantado el diario digital www.andalucesdiario.es.
En declaraciones a Europa Press, Fernández González ha asegurado que hace un año pidió información sobre las posibles fosas de sus familiares y el Ayuntamiento le aseguró que "todo se iba a hacer bien", aunque un año después empezó la intervención en el mismo lugar señalado por ella. "Imagino que ha tenido que ser un despiste, porque no me lo explico", ha apuntado, confiando en que los restos de sus allegados aparezcan y puedan recibir un enterramiento digno.
Las víctimas se pusieron en contacto a través de Cecilio Gordillo, de la CGT, con la Dirección General de Memoria Democrática, que consiguió, días después del inicio de las obras, su paralización parcial. Así, un arqueólogo y un asesor de la Junta de Andalucía se reunieron con el Ayuntamiento y los familiares, y cinco días más tarde comenzaron en la zona las catas arqueológicas.
Las tareas fueron coordinadas por el arqueólogo Juan Luis Castro, varios ayudantes y el antropólogo Juan Manuel Guijo, trabajos que han durado unos 15 días, y que han llevado al hallazgo de restos óseos en los lugares que indicaban los familiares de las víctimas, concretamente un cráneo con un orificio de entrada y otro de salida posiblemente de una bala, lo que evidenciaría la violencia empleada, según las fuentes consultadas.
La aparición de los restos llevó a la petición de la Dirección General de Memoria Democrática a que se hiciera un acta por parte de la Policía Local para preparar el informe que se iba a presentar desde la Junta al juzgado, pero los agentes fueron los que se personaron directamente en los tribunales. Tuvo que intervenir entonces la Policía Judicial, y la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Órgiva se hizo competente en la materia paralizándose los trabajos, a excepción de los que se le indicaron al arqueólogo de la Junta que realizara. El informe de la Junta se remitió con posterioridad con los informes de sus técnicos para conocimiento de la jueza, que estudia actualmente el caso.
Mientras tanto, dos historiadores almerienses que colaboran con la Dirección General localizaron a través de informes de la Guardia Civil varias fosas de guerrilleros y represaliados, y se verificó por parte del equipo arqueológico allí desplazado que habían sido destruidas por la intervención de las máquinas.
