El Colegio de Abogados de Sevilla ha anticipado algo más de 600.000 euros a sus colegiados en pago de los turnos de oficio acreditados durante el último trimestre del pasado año 2012 que aún se adeudan por parte de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, según ha informado a Europa Press el decano de los abogados sevillanos, José Joaquín Gallardo.
Así, y según una comunicación remitida este pasado viernes a los letrados integrantes de este colectivo, el Colegio de Abogados ordenó ese mismo día las correspondientes transferencias bancarias a los 1.378 letrados a los que aún se les debe el 50 por ciento del importe de los turnos de oficio que acreditaron respecto al último trimestre de 2012.
Gallardo ha destacado que, con este anticipo, "quedan finiquitados todos los servicios de asistencia jurídica gratuita" prestados durante 2012, tanto en guardias a detenidos como en turnos de oficio de todos los órdenes jurisdiccionales.
Al hilo, el decano ha dicho que, con esta medida, "se pretende aminorar el impacto económico que produce en muchos despachos profesionales las demoras en los pagos de la Junta", demoras que el Colegio de Abogados considera "razonables" dada la actual situación de la tesorería de la Junta.
Gallardo ha considerado que el Colegio "debe hacer este esfuerzo de financiación en beneficio de los letrados, amortiguando así en lo posible el retraso en que incurre la Junta".
El decano, que ha tenido palabras de reconocimiento para el esfuerzo económico de la Junta dada la actual coyuntura económica en materia de asistencia jurídica gratuita, ha lamentado "profundamente" el recorte que están padeciendo los colegios de abogados en cuanto a los gastos de infraestructuras de los servicios de orientación jurídica, que los colegios mantienen "para asesorar a los ciudadanos con insuficiencia de recursos económicos y tramitar los numerosos expedientes de justicia gratuita que a diario se sustancian".
Al hilo de ello, Gallardo ha recordado que la Junta "ha reducido a la mitad la aportación económica que por imperativo legal venía efectuando para contribuir a los gastos del servicio de orientación jurídica", añadiendo que, en la actualidad, esas oficinas públicas "están siendo mantenidas prácticamente en su totalidad" por los propios colegios de abogados andaluces "con cargo a sus tesorerías".
