El Ayuntamiento de Arcos se está preguntando cómo la Junta de Andalucía puede cobrar el Impuesto de Bienes e Inmuebles a las viviendas sociales de su propiedad en la barriada Juan Carlos I, cuando la Ley dice claramente que el mencionado impuesto corre a cargo del propietario del inmueble, en este caso la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA). Si bien este fue un asunto que en su día recurrió judicialmente Ai-Pro a nivel político en sus tiempos de oposición, además consiguiendo que la Junta se retractara, ahora se da el mismo caso que hace tres años.
Además, el contrato particular de los vecinos con la EPSA como inquilinos de las viviendas sociales de Juan Carlos I señala que los propios vecinos corren con los gastos de luz, agua…, es decir, como en cualquier tipo de alquiler, pero también señala claramente que el propietario es el que debe pagar el IBI. “La Junta de Andalucía, la EPSA, tiene la cara dura de mandar una carta a los vecinos diciendo que es el Ayuntamiento el que no ha aplicado las bonificaciones que supuestamente ellos ejecutan, que tenemos que contemplar en las ordenanzas fiscales, y por eso estos diez o doce euros se los podrían haber ahorrado si hubiera actuado el Ayuntamiento. Es totalmente falso”.
Como primera medida, el equipo de Gobierno elevará al próximo Pleno una moción instando a la Junta a que no cobre el IBI a las familias de Juan Carlos I, así como al resto de viviendas sociales propiedad de la EPSA en el municipio, que son alrededor de 500 inmuebles.
En lo que respecta a los afectados, la Ley apunta que estarán exentos del pago del IBI los inquilinos de viviendas del Estado, de la Comunidad como es este caso, de entidades locales afectadas por problemas de seguridad ciudadana, así como de servicios educativos, penitenciarios y relacionados con la defensa nacional. “La Junta engaña a la ciudadanía, a los vecinos de Juan Carlos I, y vamos a pedir que esto se pare y devuelvan el dinero, y también que no le eche la culpa al Ayuntamiento. Que no jueguen con estos vecinos que lo están pasando muy mal”.
El delegado de Urbanismo aprovechó para recordar que la Junta no ha ejecutado su compromiso de rebajar en un 30 por ciento el alquiler de las viviendas sociales, mientras que el Ayuntamiento ha cumplido con su parte de enviar los preceptivos informes sociales de las familias afectadas a la propia Consejería de Vivienda de la Junta, que por ahora no ha respondido al municipio en este sentido.
Por último, el Ayuntamiento sigue esperando a que la Junta aporte los 60.000 euros (el 50 por ciento) de la obra que pondría al día las zonas comunitarias de las viviendas de Juan Carlos I. Si bien la responsabilidad en este asunto es de la EPSA, el municipio ha querido implicarse y tomar la iniciativa.
El propio gerente provincial de la EPSA hubiera dado el visto bueno a esta colaboración a medias, pero de momento no se ha pronunciado, según sostiene la Delegación de Urbanismo.
