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Torremolinos

Lo que debe hacer un estado social

Los empresarios españoles parece que se han olvidado de los despidos por causas objetivas, conciliación administrativa o sentencia judicial, y eligen la expulsión incongruente e infundada, para realizar sus ajustes, según fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

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  • En tiempos de crisis el Estado social debe estar alerta a que se cumplan los derechos laborales
  • El objetivo ha de ser que todas las personas puedan participar en el progreso económico y social
En las hojas del tiempo hay lecciones imborrables que sirven para cualquier espacio y momento. Sólo hay que prestar atención y ver. Así, podemos observar en la república de los perros que todo el Estado disfruta de la paz más absoluta después de una comida abundante, y que surgen entre ellos contiendas civiles tan pronto como un hueso grande viene a caer en poder de algún perro principal, el cual lo reparte con unos pocos, estableciendo una oligarquía, o lo conserva para sí, estableciendo una tiranía. De ahí, lo importante que es no defraudar a una ciudadanía apiñada a la providencia de un Estado en el que confía y del que espera protección.
En situaciones de crisis, lejos de desfallecer la apuesta social, debe de avivarse el auxilio. Todos los Estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes - dijo Maquiavelo- han tenido cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación, ni al pueblo al descontento.
Un pueblo hundido es un pueblo despoblado de paz. En consecuencia, la maquinaria del Estado social debe impulsarse, más allá de reconocimientos legislativos, con acciones ejemplarizadoras de empleo digno, fomentando oportunidades para todos los géneros y edades, desterrando la exclusión social y la pobreza del mapa de la vida, de toda vida en definitiva. El mejor proteccionismo es el empleo.
Lo que debe hacer un Estado social, que se precie de serlo, son sus deberes, cumplir con la razón de ser. En su agenda de trabajo, el gobierno de turno, ha de poner en valor el trabajo como obligación y derecho. Y esto de manera prioritaria. Crear el clima necesario para aumentar el empleo y un empleo de calidad, debe ser una exigencia y un compromiso de todos los agentes, dispuestos a trabajar a destajo hasta conseguir el objetivo. La cohesión social y territorial llega por el pleno empleo, no por las migajas. Habrá que también adaptar sistemas formativos acordes a las necesidades de capacitación laboral. La vieja teoría de que la universidad es una fábrica de parados sigue siendo una palpable realidad. Poco o nada se hace por cambiar esta ancestral etiqueta, sobre todo si la universidad va por un lado y la sociedad por otro. En muchos países son mundos diferentes, cuando debieran ser mundos confluentes. El caso de la Universidad Española es un fiel ejemplo.
Por otra parte, las estrategias de empleo no sirven para nada si no son integradoras. También los diversos gobiernos de ese Estado social deben contribuir a alentar la responsabilidad social del mundo empresarial. Los trabajadores deben tener un medio laboral gratificante y motivador, que a veces no lo tienen, con unos salarios y una promoción adecuada a su valor y valía.
Frente a tantas situaciones de desamparo globalizado, veo bien que se fomenten estrategias de desarrollo de empleo local integradoras que beneficien a todos. No es una inversión a fondo perdido. Ante un futuro de creciente competencia mundial, envejecimiento de la población, desarrollo tecnológico continuo y desafíos medioambientales, urge intensificar políticas locales a fin de aumentar la capacidad de adaptación de las personas, impulsando el tejido empresarial en zonas deprimidas de pueblos.
En tiempos de crisis el Estado social debe estar alerta a que se cumplan los derechos laborales, aún más si cabe. Que escasee el trabajo, de ninguna manera debe dar pié a que el mundo empresarial trate injustamente al obrero o que el trabajo tenga efectos negativos en su salud. A los hechos me remito. Los empresarios españoles parece que se han olvidado de los despidos por causas objetivas, conciliación administrativa o sentencia judicial, y eligen la expulsión incongruente e infundada, para realizar sus ajustes, según fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Se dice que el 40% del empleo destruido obedece a despidos improcedentes.
En cualquier caso, la solidaridad debe ser un elemento distintivo de un Estado social. Y uno de los objetivos básicos ha de ser que todas las personas puedan participar en el progreso económico y social. La letra europeísta de reducir la exclusión como tarea indispensable para lograr los objetivos de la Unión de crecimiento económico sostenido, más y mejores empleos y mayor cohesión social, se viene quedando en meras palabras, en pura propaganda. Lejos de erradicar la pobreza infantil interrumpiendo la transmisión intergeneracional, de conseguir que los mercados laborales sean verdaderamente incluyentes, de asegurar una vivienda digna para todos, de superar la discriminación y aumentar la integración de las personas con discapacidades, minorías étnicas e inmigrantes, de combatir la exclusión económica y el sobreendeudamiento; se han incrementado los barrios marginales por doquier lugar y la exclusión se acepta como parte de este sistema productivo. Lástima que se haya perdido la cultura reivindicadora, quizás por la falta de conciencia social que también se ha aletargado.
Un Estado social, pues, lo que ha de fortalecer y garantizar son derechos y servicios esenciales, aparte de que son conquistas sociales históricas, forman parte del patrimonio de la humanidad y, como tales, han de activarse, por mucha recesión económica que nos invada.

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