La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista y secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, ha asegurado hoy en el Pleno del Ayuntamiento que la sentencia del TSJA sobre el ERE supone una declaración de la “nulidad” del Gobierno del PP y la propia de la alcaldesa”. Alconchel ha defendido la readmisión de los 260 trabajadores despedidos “por dignidad y justicia social” y ha pedido al Gobierno municipal que admita que actuó de “mala fe” y que los despidos se hicieron de forma “arbitraria”, tal y como sostiene el fallo del Alto Tribunal, en el que se dice que fueron seleccionados “sin criterio, sin tener en cuenta su formación, sin cualificación, ni antigüedad y sin tener en cuenta su experiencia”.
“El TSJA -dijo Alconchel- ha tumbado el ERE por arbitrario y eso supone que se ha reconocido que todos los argumentos esgrimidos por los trabajadores, los sindicatos y los partidos de la oposición tenían un sustento real y que era una decisión que carecía de la más mínima objetividad y razón de ser”. Reprochó al PP que “lejos de reflexionar sobre lo que dice la sentencia, se enrocara en una postura errónea y a la deriva” y que “en lugar de de dar marcha atrás ante la contundencia del fallo del tribunal, readmitir a los trabajadores y buscar soluciones desde el diálogo y el consenso, anuncien que van a seguir adelante con el ERE y que no van a readmitir a los trabajadores”. Criticó que el Gobierno no haya contado toda la verdad sobre la sentencia y aclaró que “si bien es cierto que el TSJA no declara la nulidad del ERE, sí queda probado por la declaración de los testigos que en la aplicación de los criterios para despedir al personal se ha incurrido en arbitrariedad, lo que adquiere una mayor gravedad dada la condición de Administración local”. Es decir, que lo que ha dictaminado el TSJA es que la decisión “no es ajustada a derecho por arbitraria y subjetiva”. De hecho, recalcó que “no ha habido objetividad en la selección de personal, sino arbitrariedad. Ustedes, sin criterios objetivos, han despedido a quien les ha dado la gana. Así de claro”, dijo. “Pero la sentencia -matizó- también dice que no ha habido buena fe en la negociación y, por lo tanto, estamos ante un gobierno que, lejos de cumplir la ley y de ser garantes de su cumplimiento, actúa de forma arbitraria para poner en la calle a 260 personas”.
Alconchel se remitió a las pruebas testificales recogidas en la sentencia y aseguró que “el principal testigo y el que más datos ha aportado a la resolución del tribunal ha sido el señor Saldaña, el que ahora se atreve a dar moralinas y se a descalificar la actuación de los demás”. En esa declaración (recogida en la página 33 de la sentencia), se dice textualmente que “la selección (de personal) se llevó a cabo, según el primer teniente de alcalde y portavoz, Sr Saldaña, en función de las diferentes categorías, sobre quien trabajaba mejor o peor, era problemático, quejica, en base a rumorología, la actitud ante el trabajo, si eran vagos y que los informes eran verbales, no valorando la formación, sino quien trabajaba bien, no eran buenos trabajadores y eran conflictivos....”.
La responsable socialista reprochó al PP y a la alcaldesa “el sufrimiento causado a los trabajadores y a sus familias, pero también a la ciudad, porque la sociedad jerezana, que esperaba de este Gobierno soluciones a sus problemas, ha tenido que hacer frente al grave costo económico de este despropósito”.
“Con dinero público -sostuvo- el Gobierno municipal ha llevado a cabo una actuación no ajustada a derecho, ha llevado a cabo un ajuste de cuentas con la plantilla, poniendo en la calle a quien le ha dado la gana. Con dinero público se ha disfrazado esta artimaña y se ha pagado con el dinero de todos los jerezanos a empresas externas para aplicar un ERE”. Alconchel ha cuantificado en casi 55.000 euros lo que el Gobierno ha pagado a Deloitte por el ERE, en casi 64.000 a una consultoría por el plan de recolocación y casi 6.000 mil por el informe pericial, a lo que hay que sumar lo que ha costado la defensa jurídica.
Al coste económico, Miriam Alconchel sumó la repercusión que ha tenido en la prestación de servicios públicos por la falta de personal. “Los jerezanos han seguido pagando sus impuestos, pero no han podido disfrutar de los servicios públicos, porque el personal que los prestaba estaban en la calle. Ahora le van a pedir también a los jerezanos que paguen las millonarias indemnizaciones, que se van a multiplicar por cuatro, cuando un tribunal ha dicho claramente que se trata de unos despidos arbitrarios”, por lo que pidió al Gobierno que readmita a los trabajadores “para que vuelvan a realizar su trabajo dignamente, prestando servicios a los jerezanos”.
Reprochó también al Gobierno que aplicara un ERE con la excusa de que no podía pagar las nóminas de toda la plantilla “cuando ha quedado demostrado que los 260 despidos no han servido para nada y lo que han ahorrado lo están gastando en subidas de sueldo a unos pocos privilegiados”.
“La situación -dijo- está peor que nunca y lo que tiene que hacer es arreglar el caos que han provocado, aplicar a legalidad y hacerlo desde el diálogo y el consenso, no desde la sed de venganza, la soberbia y la prepotencia”.
“Por justicia social -concluyó- con los afectados, pedimos su readmisión inmediata. No se puede permitir que los trabajadores que han sido despedidos por la cara y que han tenido que sufrir que los llamen vagos, quejicas, problemáticos, sigan en la calle”. Alconchel pidió a la alcaldesa que les devuelva a los trabajadores “su empleo y su dignidad”. Además, exigió también la dimisión del equipo de Gobierno y de los técnicos que han sido cómplices de este “despropósito”.
