Entre los diez grandes empresarios imputados por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez por su implicación con el caso Bárcenas está Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo Villar Mir al que pertenece la empresa Fertiberia, cuya labor durante 41 años en Huelva dejó de herencia unos 120 millones de toneladas de fosfoyesos en 1.200 hectáreas de marismas.
En los famosos papeles de Bárcenas, aparece que el empresario madrileño pagó más de medio millón de euros al Partido Popular, pero de su sentenciada responsabilidad de solucionar el problema ambiental generado por la labor de su empresa “sólo ha cumplido parar los vertidos”, algo que sucedió el 31 de diciembre de 2010.
Así lo recordó este martes a través de un comunicado emitido a Viva Huelva, Mesa de la Ría de Huelva (MRH). La formación ciudadana con representación municipal considera que los pagos de Villar Mir al PP, destapados en los papeles de Bárcenas, “han podido servir para que el PP ignorase la solución a los Fosfoyesos vertidos ilegalmente en la marisma de Huelva”. MRH recordó que “fue el ejecutivo de Aznar quien dictó la resolución ministerial contra el proyecto de reordenación de vertidos de fosfoyesos en altura o balsas, autorizados por la Junta de Andalucía ilegalmente en contra de las competencias de Costas, allá por el año 2000”. Pero, como señaló Mesa de la Ría, “también el gobierno del PP nunca quiso ejecutar la caducidad de los vertidos de fosfoyesos en la marisma de Huelva, motivo por el que el señor Villar Mir, declarado Marqués por la Casa Real en enero de 2011, unos días después de la paralización de los vertidos, ha obtenido unos ingentes beneficios”.
“La Mesa de la Ría advierte que la modificación de la Ley de Costas, “promovida por el ministro Cañete beneficia directamente a Fertiberia y al señor Villar Mir en su objetivo de mantener la catástrofe ambiental en la Marisma de Huelva”.
“Una vez más en Huelva salimos perjudicados por estos enjagües políticos y económicos”, señala un colectivo que se pregunta que “hasta cuándo vamos a seguir consintiendo esto los ciudadanos de Huelva”.
Por último, la formación recuerda que la sentencia de la Audiencia Nacional no sólo obligaba a Fertiberia a parar los vertidos, sino que la empresa de Villar Mir también tiene la obligación de llevar a cabo el tratamiento de las aguas ácidas y la presentación de un proyecto de restauración, “algo que sigue sin ejecutarse”.
