Los cuatro condenados por el caso Camas de soborno a una concejal han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia de un año y dos meses de cárcel y han pedido que se repita el juicio ante un jurado popular.
Los cuatro procesados, entre ellos el exalcalde de Camas (Sevilla) Agustín Pavón (IU), fueron declarados culpables de un delito de cohecho por intentar sobornar con 12.000 euros, en el año 2006, a una exconcejal para conseguir su voto en varias iniciativas municipales.
Los tres políticos condenados (Pavón, el exconcejal del PP Antonio Enrique Fraile y el exconcejal del PA José del Castillo) comparten ahora como abogado a José Manuel Ramos Cardona, mientras que el empresario Eusebio Gaviño sigue defendido por Encarnación Molino en su apelación ante el TSJA.
Los dos defensores han pedido la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla y la consiguiente repetición del juicio porque se impidió al jurado "examinar las propuestas alternativas de las defensas y el objeto del veredicto se conformó de forma exclusiva con las peticiones del Ministerio Fiscal".
El pasado 11 de diciembre, la Audiencia provincial impuso a cada condenado un año y dos meses de cárcel y 15.000 euros de multa, tras un veredicto que se basó en la detención de Gaviño nada más entregar a la concejal que iba a ser sobornada un sobre con 12.000 euros y declarar válidas las grabaciones de las reuniones en las que presuntamente se planificó el soborno.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el recurso de Ramos Cardona argumenta que no se dio la oportunidad a los miembros del jurado de votar si las reuniones de los procesados con el exmilitante de IU Francisco Gordo y la concejal Carmen Lobo "tenían como finalidad que esta última volviera al equipo de Gobierno ante la noticia, que luego resultó falsa, de que había sido absuelta" del delito que motivó su expulsión de IU.
Además, el jurado no pudo valorar "si la situación fue creada y provocada por los denunciantes con animo de venganza" y si en la reunión que tuvieron los políticos con Gordo "este era el único que pedía dinero, con clara intención de preconstruir pruebas al llevar encima una grabadora".
"Las defensas se han visto impedidas para que el jurado pueda valorar y votar sobre cuestiones distintas de las que venían siendo acusadas", entiende la defensa, quien también argumenta al TSJA que las pruebas sobre las que se sustentó el veredicto "no pueden concluir que los políticos hayan cometido delito" pues se basaron "en declaraciones y hechos circunstanciales que no pueden servir ni justificar una culpabilidad".
Por su parte, la defensa del empresario Gaviño alega en su recurso que los informes médicos sobre su cliente, que sufrió un ataque de ansiedad que obligó a aplazar el juicio varios días, fueron leídos al jurado, lo que "lo predispuso en su contra".
Ese aspecto se vio agravado por su ingreso en prisión, decretado el 30 de octubre de 2012 ante su incomparecencia a juicio, lo que según la defensa transmitió a los miembros del jurado la imagen de que "había obstruido deliberadamente la celebración del juicio".
Al haber estado suspendida la vista más de cinco días, era "imperativa la disolución del jurado", argumenta Molino en un recurso al que ha tenido acceso Efe, que también pide al TSJA la nulidad de la vista oral y su repetición.
La defensora entiende además que el jurado debió ser preguntado por la "enemistad, odio profundo y deseo de venganza" que podía albergar la concejal denunciante del soborno por haber sido expulsada de IU.
