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El TS revisa las condenas a integrantes de comandos "Kresala" y "Tontor"

El tribunal absolvió a otros cuatro acusados en el mismo sumario, Zunbeltz Bedialuneta, Igor Martín Niño, Iñaki Esnaola y Olaitz Lema, al considerar que no existen pruebas suficientes de su pertenencia o colaboración con ETA

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El Tribunal Supremo revisará este martes en una vista pública las condenas de entre tres y ocho años de cárcel impuestas el pasado mes de julio por la Audiencia Nacional a los miembros y colaboradores de los comandos 'Kresala' y 'Tontor' Ibon Iparraguirre, Asier Badiola, Urtza Alkorta y Javier Zubizarreta.

   Todos ellos fueron declarados culpables de integración en organización terrorista y dos de daños terroristas, y absueltos de la acusación de tenencia y transporte de armas y explosivos. Además, Alkorta fue condenada a cinco años por colaboración mientras que sobre Zubizarreta recayó una condena de tres años por un delito contra la salud pública.

   El tribunal absolvió a otros cuatro acusados en el mismo sumario, Zunbeltz  Bedialuneta, Igor Martín Niño, Iñaki Esnaola y Olaitz Lema, al considerar que no existen pruebas suficientes de su pertenencia o colaboración con ETA.

   La Fiscalía pedía para los ocho acusados penas de entre cinco y 27 años de cárcel y les relacionaba con la comisión de cuatro atentados sin víctimas en Ávila, Vizcaya y Guipúzcoa.
CAPTADOS POR 'TXEROKI'

  Los integrantes de estos comandos fueron captados en 2005 por el exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki', y tras recibir un cursillo en armas y explosivos formaron el 'Kresala'. El talde hizo explotar un coche-bomba en el polígono Vicolozano de Ávila el 25 de septiembre de ese año y después se disolvió.

   Constituyeron más tarde un segundo 'comando' que se denominó 'Tontor' y que trasladó desde Francia una furgoneta con 50 kilos de explosivos que le había sobrado al 'Kresala'. Con este material atacaron un repetidor en Azpeitia (Guipúzcoa) el 30 de marzo de 2008, las casetas de obra que la empresa Acciona-Fonoforte tenía el Orio (Guipúzcoa) el 28 de julio de ese año y la sede de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya) el 21 de septiembre, según la sentencia dictada contra ellos por la Audiencia Nacional.

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