La Audiencia Nacional ha acordado rebajar de 30 a 10 millones de euros la fianza que impuso el pasado 5 de diciembre al expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán en el marco del 'caso Crucero', en el que se investiga el vaciamiento de su patrimonio para burlar a sus acreedores, al considerar que podría resultar "excesiva".
Así consta en un auto dictado este lunes por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en el que se admite parcialmente un recurso de apelación presentado por la defensa de Díaz Ferrán y se acuerda rebajar la fianza por la situación de arraigo del expresidente de la CEOE, que vive en Madrid con su mujer, y su avanzada edad, ya que tiene 70 años.
El tribunal, no obstante, justifica el mantenimiento de la fianza apuntando que se trata de "una serie de hechos delictivos dolosos, premeditados, sistemáticos, cometidos concertadamente, de forma organizada y reiterados en el tiempo, que afectan a una gran pluralidad de víctimas".
"APARIENCIA DE INSOLVENCIA"
Los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego (ponente) y Enrique López destacan que, según el auto del juez instructor Eloy Velasco, Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".
Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparante insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".
A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según el auto, Díaz Ferrán se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".
DENUNCIA DE LAS MAYORISTAS.
El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferrán tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente.
Al expresidente de la patronal se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal.
El juez también envió a prisión a Losada, al que se impuso una fianza de 500.000 euros; el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. La secretaria del liquidador, Susana Mora, quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y al fiscalista Rafael Tormo se le impusieron una serie de medidas cautelares.
Además, están imputados en este procedimiento Consuelo Garrido, mujer de De Cabo, el abogado Raúl Jiménez y los cuatro hijos de Gonzalo Pascual --Ignacio, José María, Gonzalo y Diana--.
