El conflicto colectivo interpuesto contra Grupo Raga S.A. irá a juicio el próximo 14 de febrero de 2013. UGT presentó demanda, a la que se ha unido Comisiones Obreras, contra la empresa que presta desde marzo pasado el servicio de limpieza de dependencias, edificios municipales y colegios, después de que el Ayuntamiento de Estepona decidiera su externalización. El motivo no es otro que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo a los aproximadamente 105 empleados que pasaron a cargo de la mercantil tras su privatización, aplicando una normativa que entienden solo debe afectar a empleados públicos.
El pasado 8 de octubre, y para sorpresa del más de centenar de empleados que ahora trabajan bajo las órdenes de Grupo Raga, la empresa les comunica que "se han producido una serie de modificaciones normativas de aplicación a los convenios colectivos del personal laboral". Se refieren a la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado, en su Disposición Adicional 71ª, y el título I del Real Decreto Ley 2/2012, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitivad, que contempla,entre otros, el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas sin incremento retributivo, una reducción de los días de asuntos propios a tres, reducción de periodo vacacional por antigüedad, de horas sindicales y la supresión de la paga extra de Navidad.
"No forman parte del sector público"
En la demanda, a la que ha tenido acceso ESTEPONA INFORMACIÓN, se esgrime que esta suspensión se ha efectuado de forma unilaterial y "no tienen fundamento organizativo, económico o de producción, así como igualmente carece de cualquier formalidad". "La actuación de la empresa demandada es contraria al ordenamiento jurídico, por lo que debe carecer de efecto alguno", explica el documento, que apunta a que el personal afectado no se encuentra ya encuadrado en el sector público y la empresa Grupo Raga tampoco forma parte de la Administración Pública, al ser una sociedad anónima con capital privada. "Las suspensiones realizadas a toda la plantilla de la empresa deben tener la consideración de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo adoptadas de forma improcedente", finalizan para solicitar su nulidad.
La versión municipal
El Ayuntamiento, por su parte, interpreta que los decretos aprobados desde el Gobierno Central son aplicables al contrato del servicio de limpieza de dependencias municipales rubricado con Grupo Raga. Se amparan en un informe del Técnico de Recursos Humanos, Francisco José Rodríguez, en el que expone que "las relaciones laborales se siguen rigiendo por el convenio colectivo vigente en el momento de la transmisión, salvo pacto contrario". Además, según consta en un acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el pasado 14 de diciembre, se va a proceder a descontar de la facturación mensual que abonan al contratista las cantidades correspondientes a la paga extraordinaria de Navidad "ya que éste no tiene que abonarla a los trabajadores".
Además han aprobado incluir una nueva cláusula que estipulará que las variaciones sobre la paga extra que introduzca el Gobierno Central se aplicarán por el contratista a los trabajadores. "Estas previsiones serán aplicables mientras los trabajadores sigan sometidos al convenio colectivo del Ayuntamiento o de las sociedades municipales en liquidación, cesando en el momento en que los trabajadores se rijan por otros convenios colectivos diferentes, negociados en la empresa a la que han sido subrogados", expone el documento.
Esta puede ser la primera de muchas denuncias similares, ya que tras el anuncio a los empleados de Grupo Raga, el resto de las empresas que gestionan servicios externalizados, como parques y jardines, cementerios, alcantarillado, han hecho lo propio y también han comunicado los cambios a los trabajadores a su cargo.
