El Ayuntamiento de Almería (PP) ha archivado el expediente de resolución de contrato de concesión de los servicios de diseño, construcción y explotación del centro de servicios digitales avanzados de El Toyo y la Ciudad Digital que se adjudicó a la entidad UTE Telvent-Inabensa y ha iniciado uno nuevo para resolver dicha adjudicación en el que se ha incorporado una valoración de daños y perjuicios ante los "incumplimientos" de la UTE.
Así lo ha indicado a Europa Press la concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Ana Martínez Labella (PP), quien ha especificado que la medida se adoptó en la junta de gobierno extraordinaria que tuvo lugar el pasado lunes. Así, ha explicado que espera que el nuevo procedimiento pueda culminarse en los próximos tres meses.
La decisión de iniciar un nuevo expediente llega después de que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) emitiera un informe desfavorable al rescate de la concesión, al considerar que "no resulta procedente" efectuar un rescate, ya que "con carácter previo" existe "otra causa de resolución, como es el incumplimiento del contratista".
Desde el Consistorio indicaron que este dictamen del CCA "viene a reforzar la posición del gobierno municipal" que seguirá "actuando contra la empresa" para recuperar la concesión, sentido en que desde el Consistorio se va a seguir las recomendaciones del órgano andaluz.
El dictamen del CCA señala que "carece de sentido acudir a la figura del rescate, que presupone una adecuada prestación de la concesión por parte del concesionario, cuando, en realidad, lo que ha ocurrido en el presente caso es que se ha producido una inadecuada prestación de la concesión por parte del adjudicatario", por lo que apunta a la necesidad de acometer el fin de la relación mediante otro tipo de procedimiento.
El consejo ahonda en este sentido y expone que en un supuesto rescate la administración local tendría que "indemnizar a la concesionaria por los daños y perjuicios que se le irroguen" a raíz de los beneficios futuros que deje de percibir, entre otros aspectos; mientras que para el supuesto de incumplimiento por parte del concesionario, se establece que la fianza le será "incautada" y "deberá, además, indemnizar al órgano de contratación de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada".
De esta forma, el documento estima que procede que por la Administración se instruya un nuevo procedimiento de resolución por la causa prevista en el artículo 264.j del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), que señala como causa de la resolución "el abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el concesionario de sus obligaciones contractuales esenciales".
El equipo de gobierno remitió en agosto el expediente después de que la concesionaria presentara un recurso que fue estimado parcialmente por defectos de forma y que dio lugar a reiniciar el procedimiento a finales de mayo, tal y como se aprobó en junta de gobierno. Mientras tanto, el mantenimiento y conservación de instalaciones semafóricas así como la sala de control se encuentra en manos de la empresa Acisa, que cobra mensualmente por el servicio unos 17.900 euros.
