En declaraciones a Europa Press, el responsable de Medio Ambiente de la Junta ha reconocido que la sentencia del Alto Tribunal, que confirma la que ya dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2007, supone un "revés" dentro de este "largo proceso jurídico" que se prolonga ya 13 años; pero que aún así ha afirmado que el Ejecutivo andaluz "no va a rendirse".
"La Junta evitó una auténtica catástrofe medioambiental, pero eso costó muchísimo dinero, por lo que creemos lo justo es que las arcas andaluzas --junto con las del Ministerio, que también colaboró-- se vean resarcidas con una sentencia que nos dé la razón", ha apostillado Díaz Trillo.
De este modo, el consejero ha señalado que el gabinete jurídico del Gobierno andaluz determinará "en breve" qué acciones se toman para seguir reclamando a la empresa gestora de la mina de Aznalcóllar los 89,9 millones de euros en los que cifra los gastos. Díaz Trillo ha apuntado que la sentencia del TS, que no admite recurso, "indica que puede haber un conflicto de jurisdicción, por lo que se actuará en esta dirección", al igual que "se sigue trabajando en algunas vías civiles que aún están abiertas".
En este sentido, Díaz Trillo ha asegurado que la Junta de Andalucía tiene el "aval" de haber actuado "por todas las vías posibles y de haber puesto todo empeño jurídico y administrativo para que al final se cumpla aquello de 'quien contamina, paga', y en este caso se contaminó mucho".
Asimismo, el consejero ha lamentado que todo este "entramado jurídico" tiene que ver con "ausencia de leyes claras" que protegieran al medio natural ante episodios naturales de este tipo en 1998. Igualmente, ha declarado que hoy en día no podría producirse un accidente como el de Aznalcóllar, debido a los "controles de seguridad y absoluto rigor que, a través de herramientas como la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 2007, exigen a cualquier actividad minera requisitos de protección al medio ambiente".
El 25 de abril de 1998 fue la fecha en que se produjo la rotura de la balsa de la mina de Boliden Apirsa, que provocó el vertido de 6.000.000 de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. La mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.
