El Defensor del Paciente, que se encarga de la representación jurídica de esta familia, ha interpuesto en los juzgados la querella criminal por un presunto delito de "lesiones por imprudencia grave" contra el ginecólogo que les asistió el pasado 4 de julio en el citado hospital, propiedad de José Manuel Pascual y Pascual y concertado con el SAS.
Según expone la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, la querellante, de 34 años de edad y natural de Sanlúcar, realizó todo su seguimiento en dicho hospital, donde se le realizaron varias ecografías "demostrando todas" que venía un niño "completamente sano, sin malformaciones congénitas de ningún tipo".
Relata que la embarazada ingresó para finalización de gestación por gestación prolongada, al llevar ya 41 semanas y tres días. Así, se le practicó parto inducido analgésico, utilizando forceps. Detalla que durante la manipulación del forceps, supuestamente se le produjo al neonato "una serie de secuelas físicas gravísimas" que fueron diagnosticadas en "parálisis braquial, parálisis facial, cefalohematoma, edema cerebral, contusión cerebral, onfalitis y hemorragia subretiniana".
Argumenta que en el hospital sanluqueño se le realizaron una serie de pruebas que arrojaron un resultado de "máxima gravedad", detallando que tanto el niño como la madre tuvieron que ser trasladados al Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
Considera que los hechos son constitutivos de "un delito de lesiones por imprudencia grave" y solicita al juzgado que por parte del Instituto de Medicina Legal de Cádiz, un forense adscrito a la Administración de Justicia con conocimientos especializados de ginecología y obstetricia estudie los antecedentes clínicos para que se pronuncie sobre si en este caso concreto se han respetado o no los protocolos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (Sego) sobre uso y utilización de forceps en los trabajos de parto.
