Así, el referido tribunal procederá al estudio y determinación de las presuntas irregularidades “en la etapa de gobierno de PSOE y USR, siendo consejero delegado de la empresa Salvador Romero Monrocle y alcalde accidental José Antonio Ledesma”.
El Ayuntamiento subraya que el Tribunal de Cuentas “podrá estudiar y determinar si, supuestamente, existió falsedad en los inventarios y en las cuentas de esta empresa municipal”.
Fuentes municipales aseguraron que la investigación abordará “la presunta aleatoriedad de las cifras reflejadas en la contabilidad de la empresa”.
Unas cuentas de Emadesa que, presuntamente, ocultaban o simulaban la verdadera situación de la empresa y reflejaban una existencia en almacén ficticia”.
Además, el Ayuntamiento indica que se habrían presentado “resultados de los ejercicios económicos de los años 2004, 2005 y 2007 positivos, cuando la realidad era que se estaban, presuntamente, encubriendo pérdidas reales y no reflejadas en las cuentas de resultados”.
Estas supuestas irregularidades fueron denunciadas por el actual equipo de Gobierno que, cuando se hizo cargo del Ayuntamiento, “tuvo que hacer frente a la inminente quiebra de Emadesa y que procedió al rescate de la empresa municipal para lo que tuvo que ampliar el capital social por importe 1.300.000 euros”.
Respuesta USR
Por su parte, USR aseguró ayer que “no ha existido ningún tipo de falsedad en documentación ni ninguna irregularidad contable en los años 2003 al 2009 en la empresa municipal Emadesa”.
El alcaldable de USR, José Antonio Ledesma, afirmó que “Palma quiso quitarse de en medio a Emadesa desde su toma de posesión en el mes de marzo de 2009. Para ello se inventó que tenía que tener pérdidas y presuntas irregularidades contables, jugando con la profesionalidad de los técnicos que han llevado a cabo toda la fiscalización de las cuentas y de los inventarios de la empresa en estos años”.
Desde USR se recuerda que las cuentas y las auditorías de la empresa “han sido aprobadas en todos estos años por el PP en los respectivos consejos de administración y Juntas generales de la empresa, aún estando en la oposición”.
Para Ledesma, “no es de extrañar que Palma incitara presuntamente a la falsificación de la documentación contable de la empresa al objeto de canalizar una disolución y el posible despido de trabajadores municipales”.
