Nueva sesión parlamentaria dominada por las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo aunque centrada en las responsabilidades políticas del presidente andaluz cuando era consejero de Economía y Hacienda y de su entonces viceconsejera a tenor de los informes de la Intervención General, que cuestionaban el procedimiento utilizado por la Consejería de Empleo para gestionar los fondos destinados a empresas en crisis y que, si se hubieran detectado, a juicio del PP, hubieran evitado el “monumental fraude” que se está investigando en los tribunales.
Los populares habían precalentado bien el ambiente, con una interminable sucesión de preguntas o alusiones a la trama de los ERE, para que la intervención del presidente del PP, Javier Arenas, pudiera ir al grano al momento obviando casi al completo el tema que centraba su pregunta a Griñán. “Es imposible o es ilegal que su viceconsejera no le trasladara el informe de la Intervención”, por lo que pedía o su dimisión o que cesara a Martínez Aguayo por ocultar ese informe que cuestionaba el procedimiento de las ayudas de Empleo.
Iba a por la verdad pero la política (la jurídica se la dejaba a los tribunales) para asegurar que conoció, no investigó, permitió y consintió que se siguiera utilizando el mismo procedimiento. Y le responsabilizaba de haber hecho caso omiso a la Intervención, de incumplir la Ley de Hacienda, de no controlar los fondos públicos y de gastar al margen del procedimiento establecido.
Y de mentir al decir que nunca se le había elevado, cuando era consejero, un informe de la Intervención y le retaba a dimitir o cesar a la consejera Aguayo si conseguía demostrar que lo recibió.
El PP se apoyaba en un documento fechado en 2006, entregado después a la prensa, del interventor general de la Junta en el que da traslado a la viceconsejera (Martínez Aguayo) del informe definitivo sobre el ejercicio presupuestario del IFA de 2004 para que fuera trasladado al consejero, entonces Griñán.
Los populares consideran que el documento demuestra que ambos conocían este informe (Martínez Aguayo aseguró en el pleno que nunca se lo trasladó a Griñán porque “no procedía” hacerlo) y que deben dimitir, al considerarlos responsables políticos por no adoptar las medidas correctoras que hubieran evitado la trama descubierta alrededor de estos fondos.
Hubo alegaciones al informe
Sin embargo, Griñán insiste en que nunca se le elevó, cuando era consejero, ningún “informe de actuación” de la Intervención General porque no hubo menoscabo de fondos públicos, situación que hubiera obligado a llevar al Consejo de Gobierno el caso.
Según el presidente, los informes de la Intervención que cuestionaron el procedimiento recibieron alegaciones “por parte del ente gestor, de nueve folios”, apuntando que se corrigieron los desfases presupuestarios, se delimitaron los gastos y se estableció la obligación presupuestaria.
Griñán admitió que estaba indignado pero “no por sus palabras o acusaciones”, sino ante la realidad de que algún cargo socialistas “haya traicionado la confianza del partido y de los electores”. “Se lo digo con humildad y con tristeza”, añadía el presidente para reiterar que por convencimiento socialista su línea de actuación era la denuncia.
Y pasaba al ataque criticando que intenten siempre destruir al “adversario político”, que no respeten a jueces, fiscales y policías, que politicen la justicia y que pidan ejemplaridad cuando no la practican. “En vez de ir contra el corrupto, van contra jueces o fiscales”, le decía para asegurar “que no todos somos iguales ni queremos serlo”.
La petición de responsabilidades políticas por el informe de la Intervención no sólo vino del PP. Diego Valderas (IU) también las pidió, criticando que nadie las haya asumido hasta ahora y encima el presidente “se parapete en su consejera”.
“No sale de un fraude cuando entra en otro”, le decía Valderas para criticar sus “Gobiernos manirrotos”: corrupción, malversación, tráfico de influencias, falta de control... Todo asedia al Gobierno, según el líder de IU, una situación de insolvencia que daña a la democracia, por lo que le pedía que “por el interés general le de la palabra al pueblo” y convoque elecciones autonómicas anticipadas.
Griñán, que llegó a cifrar “como mucho en 20” los casos fraudulentos en las ayudas de la UE al empleo, le dijo que su responsabilidad estaba en la estabilidad, que la daba el agotar la legislatura. “Hay actividad y contenido. No habrá elecciones hasta marzo de 2012”, concluía el presidente.
La Junta acusa al PP de estar en una “cacería constante”
La Junta acusó ayer al PP de estar en una “constante cacería” contra los socialistas y pidió a los populares que dejen trabajar a la Justicia, mientras que el PP ha pedido la dimisión de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y del ex consejero de Empleo José Antonio Viera.
“Hemos demostrado sobradamente que ni este consejero ni la Junta vamos a amparar ninguna irregularidad en los ERE”, indicó el consejero de Empleo, Manuel Recio, durante la sesión de control al Gobierno, donde contestó a casi media docena de preguntas formuladas por el PP, que volvió a denunciar la existencia de una “trama” y de que en su Consejería existe “corrupción”, no solo por los ERE irregulares, sino también por las ayudas a los cursos de formación, y las destinadas a contratación.
Recio, que destacó la “evidente cacería de socialistas” que ha puesto en marcha el PP, indicó que lo que si lo que ha aparecido en los medios de comunicación se confirma “se actuará con la misma contundencia” que hasta ahora.
