Según el traspaso, corresponde al Gobierno autonómico otorgar, de conformidad con la Ley de Costas, las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre, como playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios.
En virtud de este acuerdo -que representa un coste efectivo de 2,11 millones de euros y el traspaso de 62 puestos de trabajo, de los que 18 son funcionarios y 44 personal laboral- la Junta será la encargada de gestionar los permisos de los chiringuitos, así como regular los usos de temporada de las playas y en el mar territorial.
Asimismo, el Gobierno andaluz tramitará autorizaciones para otros usos, como realización de vertidos, explotaciones de acuicultura, recursos mineros o energéticos, ejecución de obras fijas en el mar e instalaciones menores como embarcaderos, pantanales o varaderos y participará en la planificación de las obras de interés general.
Según aseguró el también ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, el traspaso supone “un paso más” en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que incluía la gestión exclusiva del litoral andaluz, y por tanto “en el fortalecimiento de España y del Estado de las Autonomías”.
Chaves agregó que el Gobierno central ha tenido en cuenta que la transferencia de estas competencias era “un tema muy sensible” para la Junta por sus efectos sobre “mucha gente que tiene su vida, su actividad laboral y su ocio vinculado a ese litoral, concretamente a los chiringuitos”.
En este sentido, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, expresó que Medio Ambiente y Turismo trabajarán para que estos establecimientos sigan siendo “fuente de riqueza, de empleo, de personalidad turística con pleno respeto al medio ambiente”.
Con la implicación de la Junta -añadió Moreno- los chiringuitos ganan “mucha actividad jurídica, agilidad y una especial sensibilidad”, aunque precisó que el traspaso no cambia la ley ni las sanciones impuestas a los empresarios.
No obstante la portavoz del Gobierno andaluz expresó que la primera decisión tras el traspaso es “ejercerlo dialogando y cooperando con todos los sectores afectados” y anunció una reunión con la Federación Andaluza de Empresarios de Playas tras la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Respecto a las casas edificadas en línea de playa -como el caso de las barriadas malagueñas de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias y Playa Virginia- Chaves aclaró que siguen estando sujetas a la Ley de Costas, por lo que cualquier decisión sobre ellas será siempre judicial.
Por otro lado, Chaves reiteró que el Gobierno central y el autonómico trabajarán por una “gestión integral y global” del parque nacional de Doñana y anunció que en unas semanas firmarán un convenio que, según Moreno, pone fin al “contencioso que en forma, pero no en fondo” ambas administraciones mantenían sobre el deslinde.
Analizan el polémico dragado
La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, anunció ayer que representantes de este departamento se reunirán el viernes en Madrid con directivos del puerto de Sevilla para exponerles la posición inicial del Ministerio sobre el dragado del Guadalquivir.
Aguilar explicó que su departamento ha realizado “un estudio pormenorizado” del dictamen de la Comisión Científica encargada de estudiar las repercusiones del dragado del Guadalquivir que recomienda “que se desestime definitivamente”.
Según la ministra, en la reunión no se presentará la posición final del MARM sino su valoración del dictamen científico que sostiene que dragar el Guadalquivir para aumentar su calado repercutiría “negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y por lo tanto de Doñana”.
