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28/04/2024  

Andalucía

Prisión para uno de los empresarios detenidos por fraude a la Seguridad Social

El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, decretó ayer prisión provisional para uno de los dos empresarios supuestamente responsables del fraude a la Seguridad Social cometido en Granada y acordó libertad bajo fianza de 6.000 euros para el otro.

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  • El juez pone en libertad con cargos y bajo fianza al segundo de los empresarios imputados
El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, decretó ayer prisión provisional para uno de los dos empresarios supuestamente responsables del fraude a la Seguridad Social cometido en Granada y acordó libertad bajo fianza de 6.000 euros para el otro.


Fuentes judiciales informaron de que el juez de guardia, que previsiblemente se encargará de la investigación judicial de la causa, envió a prisión provisional a Carlos A. N, mientras que dejará en libertad a Juan C. C. cuando abone una fianza de 6.000 euros.


Según las fuentes, a estos dos arrestados se les imputan cargos de defraudación a la Seguridad Social, en los que el juez ha tenido en cuenta la agravante de la "especial trascendencia y gravedad" de lo supuestamente defraudado, así como el número de afectados y la estructura organizativa.


Los dos empresarios, que pasaron ayer a disposición judicial, fueron arrestados por el Cuerpo Nacional de Policía como presuntos responsables de la trama que habría defraudado unos cuatro millones de euros a la Seguridad Social durante dos años, y en la que han sido imputadas más de 140 personas.


La operación continúa abierta, según informó ayer a los periodistas el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, que el próximo lunes ofrecerá una rueda de prensa junto a responsables del INEM, de la Tesorería de la Seguridad y el Jefe de la Inspección de Trabajo en Granada para dar cuenta del resultado de toda la operación.


Estos dos empresarios, responsables de Otipac Obras y Reformas y Arnusa Obras y Reformas, están acusados de fraude y falsificación en documento público en el marco de la operación policial, en la que también se investiga a otras doce empresas.


Entre los imputados, la mayoría de los cuales se ha negado a declarar, figuran trabajadores y empresarios que habrían realizado presuntamente altas y bajas en la Seguridad Social para pedir subvenciones mediante contratos ficticios u otro tipo de subsidios como prestaciones por desempleo o cotizaciones para la jubilación.

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