Los propietarios de varias edificaciones ilegales en la costa de la playa de El Palmar, en Vejer de la frontera (Cádiz), cuya demolición estaba prevista para hoy, han decidido finalmente derruir ellos mismos las viviendas que habían levantado en suelo rústico.
La Guardia Civil comunicó en la tarde de este lunes a la Junta de Andalucía que los propietarios habían optado por la autodemolición y estaban terminando de retirar los vallados y la solera aún existentes en una de las parcelas, antes de que las autoridades las llevasen a cabo, ha informado hoy la Junta de Andalucía.
La inspección de la Junta de Andalucía ha podido constatar hoy que los propietarios de las edificaciones "han apurado hasta el último momento para reponer, de forma voluntaria, los terrenos".
Lo han hecho antes de que la Junta procediera hoy no solo a la retirada de las viviendas prefabricadas que se habían construido sin licencia, sino también una piscina, instalaciones anexas y los vallados que dividían la originaria parcela, de 6.000 metros cuadrados, entre 12 propietarios.
En 2019 una inspección dio origen al inicio de la tramitación del expediente de restablecimiento de la legalidad en esta parcela.
"Desde entonces se han practicado, insistentemente, las medidas provisionales y se han levantado hasta 58 actas de inspección hasta 2023, incluyendo precintos y corte de los suministros, entre otras actuaciones", explica la Junta.
A pesar de las advertencias de la ilegalidad de las viviendas y de las consecuencias de las roturas de los precintos instalados por los agentes de la autoridad, una de las viviendas "ha sido constantemente destinada a alquiler vacacional".
Incluso otra de las viviendas se levantó cuando ya se había iniciado el expediente de restablecimiento por la Junta de Andalucía.
Este caso "entraña además una especial trascendencia", explica la Junta, debido a que se ubica en el límite de la huella existente en El Palmar en su parte Este.
Con esta autodemolición se preserva la conurbación con Zahora, playa que pertenece al término municipal de Barbate, y se evita que se siga ampliando el territorio de manera ilegal hacia una zona inundable "comprometiendo recursos naturales, públicos y de la propia seguridad ciudadana", indica la Junta.
"La Junta de Andalucía ha reforzado la labor inspectora desde 2019 en todo el territorio andaluz, con un proceso centrado en la prevención, con actas de inspección, precintos y sanciones" de las que "algunos propietarios hacen caso omiso", por lo que se llega "al último recurso que es la orden de demolición".
"Esta línea de actuación está dando sus frutos, ya no sólo por el descenso de nuevas edificaciones, sino porque ya nos encontramos a propietarios que optan por la autodemolición para evitar más sanciones, como ha ocurrido en este último caso", afirma la Junta.
