Hasta cinco sindicatos han estado presentes este martes en la manifestación para reclamar una verdadera negociación en relación con el Proyecto de Decreto 36/2007, el cual modificará las plantillas de los Centros de Educación Permanente en Andalucía.
Ha sido una jornada intensa, que ha tenido presencia en las ocho provincias de Andalucía para reclamar que las conversaciones sean efectivas.
Estas organizaciones expresaron su desacuerdo con la forma de proceder de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, argumentando que este Decreto no garantiza la estabilidad laboral del personal que actualmente imparte estas enseñanzas.
"Estamos viendo cómo perdemos una oportunidad muy importante para centrarnos en los temas que de verdad importan. Pedimos que el proyecto se deje de lado y nos sentemos a negociar asuntos de importancia", subrayaba Francis González, del Sindicato CSIF, el cual señalaba que la Consejería "no se quiere reunir con nosotros".
En esta misma línea iba Guillermo Fernández, del sindicato ANPE: "Lo único que estamos pidiendo es aclarar qué va a pasar con los maestros que están en los centros de educación permanente y qué función van a tener los profesores de secundaria en los centros de educación permanente".
A pesar de que la Administración sostiene que es obligatorio impartir los cursos de formación preparatorios para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, las centrales sindicales argumentan que esta obligatoriedad no es cierta según la normativa vigente.
Concha Zamora, de USTETA, aseguraba que piensan llegar hasta el final con esta lucha: "La consejería se ha levantado de la mesa de negociación, no quiere seguir negociando. Consideramos que se perjudica tanto al profesorado como al cuerpo de maestros porque no se les está escuchando, así como a las organizaciones sindicales. Si no hay negociación seguiremos con más movilizaciones".
"De los 104.000 profesores que hay en Andalucía, 1.500 están en esta situación, un 10% de ellos en Málaga", apostillaba Juan Vilches, de UGT.
“La Administración va a encontrarse con nuestra frontal disconformidad, puesto que no puede servir un decreto para empeorar las condiciones de una parte de la comunidad educativa, en este caso, el profesorado de los centros de adultos, y tampoco debería ser motivo de confrontación entre los distintos cuerpos”, sentenciaba Yolanda Gamero, de CCOO.
Los cinco sindicatos instan a la comunidad educativa a defender el modelo de Educación Permanente Andaluz, el cual consideran un "ejemplar".
