El Ayuntamiento de San Fernando mantuvo ayer una reunión con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, la dirección y las familias del CEIP San Ignacio para seguir avanzando con el único objetivo de ayudar a la Junta de Andalucía a que pueda dar respuesta a las necesidades y demandas de la comunidad educativa del centro isleño de Infantil y Primaria. Durante el encuentro, solicitado por el propio Ayuntamiento, se volvió a trasladar la voluntad expresa de la alcaldesa de, más allá incluso del límite que por ley tiene como competencias municipales, ayudar a la Junta a que encuentre soluciones a corto, medio y largo plazo que permitan garantizar que los niños y las niñas crezcan y aprendan en aulas y espacios dignos y seguros.
Desde el primer momento desde el Ayuntamiento se ha trabajado en todas las direcciones posibles para garantizar la seguridad del alumnado y el personal docente y de servicios, desde el convencimiento de que la prioridad es el alumnado, que es necesaria la unidad de acción y el entendimiento entre administraciones. Para el Gobierno local, el problema radica en que no es aceptable que la Junta mantenga colegios con más de 50 años y con problemas estructurales desde que se construyó. Desde que la propia Junta advirtió de los problemas estructurales del edificio del CEIP San Ignacio, el Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para analizar, decretar y dar soluciones sobrepasando todas las responsabilidades municipales en materia de educación pública. Pero hasta ahora, todas las actuaciones, sin excepción, las ha desarrollado en solitario el Ayuntamiento.
El Gobierno local ha asumido la tarea de buscar soluciones rápidas y, para ello, ha emprendido distintas acciones como costear y coordinar el traslado del mobiliario y materiales de los cursos de Primaria al edificio de Infantil, la habilitación de la nueva señalética, la adecuación del edificio provisional con pequeñas reformas, la realización de los estudios técnicos, hasta la compra e instalación de estores y paneles de metacrilato o el pintado de los distintos espacios, entre otras, elementos que nunca corresponden a un Ayuntamiento sino a la Junta de Andalucía. Sin embargo, no sentimos el acompañamiento de la administración autonómica en este asunto.
Asimismo, se han dado todos los pasos para garantizar que el aula matinal y el comedor ofrecieran un servicio de calidad desde el inicio de curso, pero la realidad es que la Junta de Andalucía sigue ni siquiera sin remitir en estos meses el proyecto necesario para acometer la obra del office de la cocina, que asumirá, en un nuevo acto de ayudar en dar soluciones, el Ayuntamiento. A esto se suma que la instalación eléctrica no ha superado la inspección del Organismo de Control Autorizado (OCA) realizada hace unas semanas, lo que obliga a tramitar un nuevo proyecto de adecuación energética del edificio, que será también asumido por el Gobierno municipal pese a que esta no es competencia de las administraciones locales. Y es que este entiende que el interés general del alumnado está por encima de cualquier competencia legal, ya que el actual uso del comedor del CEIP Quintanilla implica un traslado diario de niños y niñas. A la espera de que la Junta remita el proyecto del office, la adecuación energética se realizaría en verano, ya que por motivos de seguridad el edificio no puede estar en uso. Se da la circunstancia de que, pese a que la Delegación se comprometió a dotar al centro de un módulo prefabricado para dar servicio provisional al comedor, hasta la reunión mantenida ayer mismo no anunció su instalación y que su uso será múltiple, sin definir si finalmente albergará el comedor, algo que el Ayuntamiento espera que así sea.
Pese a todo este camino en soledad que está recorriendo el Ayuntamiento, desde el Gobierno municipal se sigue considerando imprescindible la necesidad de una unidad de acción y implicación de la Junta de Andalucía.
Nuevo colegio
Durante el transcurso de la reunión, el Ayuntamiento volvió a demandar a la Junta de Andalucía que comience con los trámites para la construcción del nuevo colegio. Ya sea en el solar del colegio ahora cerrado o ampliando el provisional. Se deben ir dando pasos, con el compromiso presupuestario, con la tramitación del proceso urbanístico y con la licitación de la redacción del proyecto y de la propia obra. Pero se sigue sin encontrar un compromiso, ni siquiera un pronunciamiento claro de la Junta de Andalucía en la voluntad real de construcción de un nuevo centro educativo.
El Ayuntamiento ha vuelto a reiterar su ofrecimiento a la Junta de Andalucía para ceder gratuitamente una parcela pública municipal en la que construir un nuevo edificio. En la ubicación que decida la comunidad educativa o los vecinos y vecinas, de modo que ni el barrio ni la ciudad pierdan un colegio público. Es imprescindible una respuesta de la Junta de Andalucía al ofrecimiento de suelo para construir un nuevo colegio en el barrio.
En este sentido, el Ayuntamiento quiere poder tirar lo antes posible el edificio por responsabilidad y como parte de sus competencias. Por ello, va a solicitar ya la descatalogación del edificio para poder licitar su derribo.
Desde el Gobierno local se ha venido instando desde hace años a la Junta de Andalucía para que interviniera en el San Ignacio, con graves problemas estructurales acreditados, derivados de una construcción deficitaria y sus 50 años de antigüedad. Tanto el informe técnico emitido en su día por la propia Agencia Pública de Andalucía de Educación (APAE), organismo de la Junta, como el encargado expresamente por el Ayuntamiento dictaminan que el edificio destinado a Educación Primaria fue construido en los años 70 con materiales de mala calidad, lo que se traduce en una irreversible situación estructural.
