Las parlamentarias andaluzas por el Partido Socialista Alicia Murillo e Isabel Aguilera han denunciado en rueda de prensa que las bases reguladoras de la orden para la concesión de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a entidades locales “en riesgo de exclusión financiera” para instalar cajeros automáticos en aquellas poblaciones que no cuenten con éstos ni con oficinas bancarias físicas excluyan a los municipios de menos de 500 habitantes, lo que dejaría fuera a, al menos, 13 localidades de la comarca.
Isabel Aguilera ha hablado directamente de la situación de “exclusión bancaria” que se daría en muchos municipios de la Serranía donde se han cerrado las oficinas de entidades bancarias o se han retirado los cajeros automáticos existentes, en concreto en los “13 municipios que están afectados por esa pérdida de cajeros y por el cierre de oficinas, lo que hace imposible para las personas vivir allí y lo hace más difícil porque tienen que sacar dinero en otros territorios”.
En este sentido, ha señalado que la Junta “ha sacado una base de ejecución para dar subvenciones a los municipios y ayudarles a poner cajeros, pero ha excluido a los de menos de 500 habitantes, y eso afecta a más de 5.000 personas en la Serranía”.
La parlamentaria andaluza Alicia Murillo ha insistido en que “hay 13 municipios que se ven afectados por esta exclusión financiera que pone en marcha la Junta de Andalucía dejando fuera a esos municipios de la posibilidad de poder acogerse a esta ayuda”, y ha calificado de “indignante que se deje fuera a los municipios de menos de 500 habitantes” y “una tomadora de pelo el criterio para elegir los municipios que van a poder ser beneficiarios de las ayudas”, ya que “saca una orden que va a ser de concurrencia no competitiva para poder designar a dedo qué municipios sí y qué municipios no van a tener dinero para instalar un cajero automático”, por lo que ha exigido a la administración andaluza que elabore una nueva línea de ayudas que incluya a los municipios de menor población.
Finalmente, Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalguacil, uno de los municipios que se vería afectado por esta “exclusión financiera”, ha lamentado la falta de apoyos cuando se quedaron sin oficina bancaria, y ha manifestado que “lo más social es que continúen manteniendo los servicios en los municipios de menos de 500 habitantes, que somos la gran mayoría del Valle del Genal, que no solamente tenemos exclusión financiera, sino también territorial, sanitaria, etcétera”. A su juicio, “tienen que cambiar ya el discurso, porque los alcaldes y alcaldesas estamos muy cansados de que continuamente se esté legislando en contra de los intereses de las personas que hemos decidido vivir en un entorno rural”.
