La Autoridad Portuaria de Sevilla ha licitado una asistencia técnica por 96.800 euros con la que poder empezar el trámite de actualización de los precios que cobra la entidad por la ocupación de sus suelos y de la lámina del agua. Los precios actualmente vigentes son los fijados en la orden gubernamental de junio de 1988, convalidada sin efectos retroactivos en enero de 1996.
Con esta asistencia técnica se inicia la tramitación atendiendo al Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante. Según el artículo 177 de la legislación portuaria, el Ministerio de Transportes aprobará, a propuesta de cada Autoridad Portuaria, la correspondiente valoración, previo informe del Ministerio de Hacienda y de Puertos del Estado. Previamente a la solicitud de estos informes y a la remisión del expediente al Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria someterá la propuesta a información pública.
La adjudicataria de la asistencia técnica elaborará una valoración de los terrenos y de la lámina de agua de la zona de servicios del Puerto de Sevilla, paso que es "necesario para calcular la cuantía de la tasa de ocupación que se devenga en favor de la Autoridad Portuaria por la ocupación del dominio público portuario en virtud de autorización o concesión", detalla el pliego publicado.
Según establece la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, la valoración de los terrenos y de las aguas de los puertos "podrán revisarse para la totalidad de la zona de servicio y de los terrenos afectados a ayudas a la navegación cada cinco años y, en todo caso, deberán revisarse cada diez". Por ello, la Autoridad Portuaria "está en disposición de revisar" sus valoraciones. El objetivo es "ajustar lo máximo posible los costes derivados por la ocupación del dominio público portuario y del vuelo y subsuelo del mismo en virtud de una concesión o autorización, a las exigencias actuales de competitividad y eficiencia del mercado portuario".
El contrato licitado servirá para recabar la documentación y realizar las actuaciones y tramitaciones administrativas "necesarias" para llevar a cabo la "aprobación definitiva y la publicación posterior en el Boletín Oficial del Estado de la valoración de los terrenos y lámina del agua de la zona de servicio del Puerto y de los terrenos adscritos a la señalización marítima de Chipiona y Bonaza de acuerdo a lo establecido en la Ley de Puertos y Marina Mercante.
El valor de los terrenos se determinará "sobre la base de criterios de mercado". En cuanto a las aguas, la Ley "establece que el valor de los espacios de agua incluidos en cada una de las áreas funcionales en que se divida la zona de servicio de un puerto se determinará por referencia al valor de los terrenos de las áreas de la zona de servicio con similar finalidad o uso o, en su caso, al de los terrenos más próximos". En esa valoración, "deberá tenerse en cuenta las condiciones de abrigo, profundidad y localización de las aguas sin que pueda exceder del valor de los terrenos de referencia".
