Las personas sin hogar se encuentran en una situación de extrema exclusión y máxima vulnerabilidad. Mayoritariamente estas personas reúnen los requisitos necesarios para percibir la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que de alguna manera puede aliviar algunas de las muchas carencias que sufren. Sin embargo, al menos en San Fernando, el número de personas en situación de sinhogarismo que tienen acceso a este recurso es muy minoritario, según se señala desde la Asociación de Personas sin Hogar con Derechos (Pesho-DE)
"Una de las dificultades para el acceso a la prestación del IMV que se encuentran las personas sin hogar es que, en estos casos, los Servicio Técnico de Asuntos Sociales de su municipio han de emitir un certificado reflejando su situación de vulnerabilidad", incide la presidente de la entidad, Milagrosa Fernández Bey.
Esta certificación social es solicitada directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) al Ayuntamiento correspondiente, dando un plazo máximo para su emisión de tres meses. Si transcurrido ese periodo, el servicio técnico municipal correspondiente no ha emitido el certificado y se ha producido un silencio administrativo, el Ingreso Mínimo Vital le es denegado al interesado informándole que no cumple los requisitos exigidos.
Debido a que se trata de trámites entre administraciones, el solicitante del Ingreso Mínimo Vital desconoce la solicitud que el INSS realiza al Ayuntamiento correspondiente, lo que le deja en total indefensión por no poder reclamarlo.
Por otro lado, la denegación de esta prestación implica además la pérdida de toda la cuantía económica que le correspondía devengar desde la fecha de su presentación. "Para una persona sin hogar, sin recursos económicos, ni de otros muchos tipo, esto es algo irreparable y la Administración Local debería responder ante el coste de esta negligencia administrativa", afirma Fernández Bey.
La presidenta añade que "de todos es conocido que, desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, determinados sectores ideológicos lo han cuestionado fieles a la premisa de quien no trabaja que no coma, pasando casualmente por alto que por desgracia nuestra sociedad no considera empleable a todas las personas, ni ofrece trabajo a todos que lo necesitan. Bajo este paragua ondean principios tales como con mis impuestos no se paga esto, que llegan a impregnar ámbitos que pueden incluso afectar la facilitación de los trámites necesarios para la percepción del IMV". (Certificado social, empadronamiento……)
"El caso que nos mueve a exponer estos hechos no es ni mucho menos el primero. Ya hemos sufrido esta situación en otras ocasiones. Esta vez se trata de M.E.P, quien el año pasado presentó en el INSS su solicitud para acceder a la prestación del IMV. Durante todo este tiempo ha habido múltiples idas y venidas a los Servicios Sociales con el propósito de agilizar los trámites necesarios para la prestación solicitada, sin éxito alguno", afirma la representante de Pesho-DE.
Por fin, añade Milagrosa Fernández, "recientemente hemos podido constatar que su solicitud está pendiente solo de que el Servicio Técnico de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Fernando emita el certificado que el INSS les solicitó a principios de septiembre, y que les ha reiterado hace unos días. Hasta el momento continuamos sin respuesta. La indefensión está servida con total impunidad para la Administración local".
"Otra vez se repite la misma historia. Una persona solicitante de un recurso que por Ley le corresponde sufrirá un nuevo fracaso, una frustración que aún la hundirá más y que se incrementa por la pérdida de una importante cantidad económica a la que por justicia tiene derecho. Algo que nadie le repondrá y que le supondría una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida en situación de sinhogarismo", asegura la presidenta de la entidad, quien finaliza diciendo que "es fácil mantener el silencio. Seguir mirando para otro lado como si nada pasase, mientras hay quienes desde sus puestos se atreven a constituirse en dioses y jueces para emitir sentencias sobre si las personas sin hogar son dignas de recibir una prestación que la ley le reconoce" .
