La Ley de Aguas recupera el espíritu de consenso inicial

La publicación de la nueva Ley de Aguas de Andalucía en el BOJA dará el pistoletazo de salida a la primera norma que regulará las necesidades concretas de las cuencas hidrográficas netamente andaluzas, después de que el Parlamento aprobara en julio la nueva normativa, recuperan el espíritu de consenso alcanzado en el Acuerdo Andaluz por el Agua.

La Ley, adaptada a las demandas de la sociedad actual y a las nuevas competencias asumidas por la Junta en política hidráulica, deroga la norma aprobada en mayo -que no llegó a entrar en vigor- en la que se incluyeron por error 29 enmiendas que alteraban sustancialmente el texto. Con esta aprobación se recupera el espíritu de consenso al que llegó la sociedad andaluza en el Acuerdo Andaluz por el Agua, donde se fijaron las bases de la nueva política hidráulica por parte de todos los agentes sociales implicados en la gestión del agua.

La Ley incluye 116 enmiendas que afectan, fundamentalmente, a aspectos formales pues aluden a la Agencia Andaluza del Agua y que han tenido que modificarse debido a la reestructuración y agilización del sector público andaluz, que en el caso de la Consejería de Medio Ambiente quedará definido en la constitución de una agencia pública que conferirá seguridad jurídica y estabilidad laboral en la gestión del medio natural y la política de aguas.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, fue el encargado de presentar al Consejo Andaluz del Agua la nueva normativa que define la política hidráulica y las competencias de la nueva Agencia pública. El objetivo era presentar no sólo la Ley a los sectores implicados en la materia, sino también hacerles partícipes del desarrollo reglamentario futuro que tendrá la nueva Ley de Aguas de Andalucía.

Modelo de gestión

La Ley de Aguas tiene como objetivo básico llevar a cabo un modelo de gestión que consiga un aprovechamiento sostenible del recurso, garantizando todos sus usos, primando el abastecimiento y los caudales ecológicos e impulsando aquellos que permitan una mayor creación de riqueza, empleo y cohesión territorial en Andalucía. Pero sobre todo es una Ley que protege un recurso escaso en consonancia con las exigencias medioambientales de la Directiva Marco de Agua europea.

En la planificación hidrológica priman los criterios de sostenibilidad, generación de riqueza y empleo y ordenación territorial, más allá de la mera concepción del agua como recurso económico, y dándole un sentido unitario a las distintas necesidades hídricas del territorio.

La principal novedad será la flexibilización del régimen concesional, con la equiparación de las actividades económicas para conseguir dar un impulso a aquellos nuevos sectores que generen un mayor valor añadido en términos de creación de riqueza y sean medioambientalmente sostenibles. Los bancos públicos del agua serán los instrumentos que podrán llevar a cabo esta flexibilización, atendiendo a nuevas demandas y dando entrada a nuevos sectores eficientes en el uso del recurso.

La Ley pone también especial atención en la participación de la sociedad en la gestión del agua, ya que para conseguir una gestión eficiente es necesario contar con la colaboración de la ciudadanía, usuarios e interesados. Se incide de forma especial en la necesidad de la transparencia informativa y la pone en práctica con la creación del Observatorio Andaluz del Agua, un órgano que recogerá, analizará y facilitará a los ciudadanos toda la información necesaria -de forma clara, completa y veraz- para conseguir la participación activa de los colectivos interesados en la gestión del agua.

Mapa de depuraciones

La norma también compromete al Gobierno andaluz a adoptar medidas para preservar los ecosistemas de las masas de aguas de la Comunidad, para lo que se desarrollará un plan de infraestructuras de depuración para que todas las aguas residuales que generan los núcleos urbanos se viertan a los ríos en las mejores condiciones posibles, independientemente de la capacidad de gestión que tengan los municipios. De ahí que la Ley de Aguas impulse la promoción de las entidades supramunicipales, como principales actores a la hora de gestionar el ciclo urbano del agua, manteniendo así la preeminencia de los municipios.

Con este objetivo, la política de aguas también pone en valor la gestión de los ecosistemas fluviales y su conservación, con medidas que inciden fundamentalmente en el dominio público hidráulico, fomentando los deslindes y la recuperación de los niveles de calidad de las aguas.

La conservación de las masas de agua no sólo incluye a las superficiales sino que, por primera vez, una Ley equipara los recursos hídricos subterráneos a los superficiales, regulando su gestión e impulsando la creación de comunidades de usuarios, además de introducir medidas para controlar la extracción de agua de los acuíferos, incluidas aquellas captaciones menores de 7.000 metros cúbicos, y poniendo especial interés en las medidas de protección de aquellos que están en riesgo de sobreexplotación.

Régimen económico

Para llevar a cabo estos objetivos, la nueva legislación autonómica configura un nuevo régimen económico-financiero, que homogenizará y armonizará los cánones e impuestos existentes para que todos los andaluces, vivan donde vivan, paguen justamente por los servicios públicos del agua recibidos. Un nuevo régimen cumple el principio de recuperación de costes impuesto por la Directiva Marco e incluye los de generalidad, equidad, calidad en el servicio, incentivación de la eficiencia, responsabilidad medioambiental y transparencia.

Además, se regula la gestión de situaciones de riesgo como los periodos de sequía e inundaciones, el régimen sancionador y disciplinario y los órganos de participación que se desarrollarán reglamentariamente.

Optimizar y agilizar la gestión con la nueva Agencia

La nueva Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua, fruto de la transformación de la Agencia Andaluza Agua y la empresa pública de gestión medioambiental (Egmasa), permitirá optimizar y agilizar la gestión ambiental e hidráulica y hacer más eficientes los servicios que, en general, presta la Consejería de Medio Ambiente.

Este nuevo órgano instrumental de la Consejería, creado dentro de la reordenación del sector público autonómico aprobada ayer por el Gobierno andaluz, garantizará la estabilidad laboral del conjunto de los trabajadores y facilitará un mejor cumplimiento y desarrollo de las competencias ambientales.

Esta reestructuración da respuesta a la realidad económica actual que demanda de la Administración políticas de austeridad, ahorro y eficiencia para hacer frente a esta situación y promover así las condiciones para la recuperación económica. Esta nueva estructura otorgará más operatividad y eficacia a las actuaciones y proyectos que impulsa la Consejería y se inserta dentro del proceso de simplificación y racionalización administrativa emprendida por la Junta.

En materia de agua, con el nuevo órgano se verán fortalecidas las competencias, que seguirá manteniendo en su plenitud la Consejería a través de la futura creación de la Secretaría General del Agua.

En este sentido, la nueva Agencia Pública se convertirá en una herramienta de apoyo para el desarrollo de la nueva Ley de Aguas y para la puesta en marcha de las numerosas inversiones y proyectos que se llevarán a cabo en los próximos años para la mejora del abastecimiento y depuración de aguas en los municipios andaluces.

Además, con la creación de la Agencia se dota de mayor seguridad jurídica a los cometidos que ejerce la Consejería, reforzando el control y supervisión de todas sus actuaciones. La nueva estructura apuesta por el empleo público y añade un plus de estabilidad laboral para su personal y mejorará su aprovechamiento y el servicio que prestan a la ciudadanía. Asimismo, esta defensa del empleo público ofrecerá una mayor garantía a los ciudadanos en la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a su plantilla.