Contra esta reforma laboral, los sindicatos nacionalistas vascos han convocado una huelga general en Euskadi para el próximo 29 de junio y, tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), como Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya-Els Verds (ICV) han manifestado que votarán en contra.
El texto del decreto, entregado el viernes a partidos y agentes sociales, tampoco ha gustado a la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Mientras los sindicatos UGT y CCOO esperan que en las consultas con los partidos políticos se pueda suavizar su contenido, la CEOE señalaba que la reforma no contribuirá a la creación de empleo porque no se generalizan los contratos de despido con 33 días y no aclara “suficientemente” las causas del despido.
Por la brevedad del plazo pendiente hasta su aprobación, el ministro de Fomento, José Blanco, demandó ayer del Partido Popular (PP) y de Convergencia i Unió (CiU), que se pronuncien sobre su contenido porque “decían hasta hace dos días que había que darse prisa, que llegábamos tarde, y ahora piden una prórroga que no habrá”.
Blanco, también vicesecretario del PSOE, recordó a estos dos partidos que digan si no les gusta la propuesta del Gobierno, porque “estamos dispuestos a favorecer la creación de empleo, pero no dialogaremos sobre los derechos básicos de los trabajadores”.
Aunque el viernes el Gobierno creía contar con el apoyo de PP, CiU y PNV para poder convalidar la reforma laboral en el Congreso el día 22 de junio, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmóayer que sólo apoyarán aquellas reformas laborales que sean buenas para los trabajadores.
Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas, expresó su apoyo a la reforma si incentiva la “flexibilidad” de las empresas para crear “estabilidad” en el empleo.
Sin las prisas de Blanco, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, planteaba al Gobierno que aplace unos días su aprobación, para evitar que sea un “churro” que “no satisface a nadie” y que tengan que ser los grupos parlamentarios quienes profundicen en los cambios propuestos.
Durán reprochó además al Gobierno que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunciara medidas que no aparecen en el documento de 41 páginas repartido el viernes, como la posibilidad de rebajar a 20 días la indemnización para empresas con seis meses de pérdidas.
