El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, señaló este miércoles que la posibilidad de que Finlandia ingrese antes que Suecia en la OTAN ha aumentado debido a la oposición de Turquía, después de que los tres países reanudaran las negociaciones la semana pasada.
"No se puede descartar que Finlandia y Suecia sean ratificadas en diferentes etapas. La parte turca ha dejado claro en las últimas semanas que han terminado con Finlandia, pero no con Suecia", dijo en rueda de prensa en Estocolmo el jefe de Gobierno sueco, que aludió a una "evaluación conjunta" para estimar que esa opción es ahora "más probable".
Ambos países nórdicos solicitaron su ingreso en la OTAN el año pasado tras la intervención militar rusa en Ucrania, y la adhesión fue aprobada en la cumbre de junio en Madrid después de que Turquía levantase a última hora su veto a cambio de ciertas condiciones, plasmadas en un acuerdo.
Veintiocho de los treinta países miembros de la Alianza han ratificado el ingreso y Hungría ha iniciado ya los trámites para hacerlo.
"Es una decisión nacional y es Turquía la que piensa que a Suecia aún le falta un poco. Se trata sobre todo de que no creen que nuestras autoridades hagan lo suficiente para combatir al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)", dijo en la misma comparecencia Oscar Stenström, negociador sueco en el proceso.
Kristersson resaltó que Suecia está "preparada" para un posible ingreso más tardío en la OTAN, aunque no duda de que se vaya a producir.
"Percibo que hay un apoyo muy fuerte y una presión dura del resto de países de la OTAN hacia Turquía", afirmó el primer ministro.
Las conversaciones entre Suecia, Finlandia y Turquía fueron interrumpidas más de un mes por Ankara después de que un grupo prokurdo hiciera una ejecución simbólica del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en Estocolmo y de la quema del Corán por un ultraderechista delante de su embajada en la capital sueca.
El Gobierno sueco presentó la semana pasada ante el Parlamento una moción para endurecer las leyes antiterroristas, una de las exigencias de Turquía para levantar su veto.
La moción quiere criminalizar la colaboración con organizaciones terroristas, un proyecto que se lleva negociando desde hace seis años y que el Gobierno pretende que sea aprobado en junio.
La modificación legal pretende hacer punibles acciones como guardar material de grupos terroristas, organizar reuniones de estos o ayudar con el transporte de sus miembros.
