La Audiencia Provincial de Málaga abordará la próxima semana un nuevo bloque del caso Astapa, contra la corrupción política-urbanística en Estepona, y sentará en el banquillo de los acusados a catorce personas, entre ellos el exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos.
El juicio se reanudará con el bloque relativo a los pagos y contraprestaciones por la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona, según han informado a EFE fuentes judiciales, que han precisado que este apartado ocupará catorce sesiones, entre el 13 de marzo y el 26 de abril.
El fiscal mantiene que en el Ayuntamiento de Estepona, antes y después de las elecciones de 2007 hubo ocasiones en que por decisión del alcalde y de su jefe de gabinete, José Flores, "se supeditó la concesión de licencias al pago de gastos o eventos municipales o de deudas electorales o favores de tipo personal".
Anticorrupción sostiene que se presionó en particular a empresarios interesados en adelantar la entrega de promociones inmobiliarias, que para ahorrar gastos de financiación o evitar pérdidas económicas entraban en contacto con Flores con la pretensión de que se les liberara de algún trámite o requisito técnico.
José Flores supuestamente solía comunicar a los técnicos municipales que la alcaldía estaba interesada en la rápida y favorable resolución del expediente, "propiciando así, cuando menos, un adelanto de las inspecciones e informes en perjuicio de otros asuntos que eran indebidamente relegados".
También se sometía al trabajador municipal a una presión injustificada, que podía afectar a su objetividad a fin de no contrariar a la principal autoridad municipal que, "como todos sabían, seleccionaba a su antojo a los nuevos empleados municipales y decidía discrecionalmente el reparto del complemento salarial de productividad", siempre según el fiscal.
Esta práctica irregular fue detectada a través de las intervenciones telefónicas aunque en las cuestiones previas el Tribunal anuló todas las escuchas.
En el banquillo de los acusados además del alcalde, se sentará el jefe de gabinete, José Flores, el arquitecto municipal, Arturo Manuel Cebrián, y siete empresarios, entre otros.
Otro de los acusados en este bloque es el que fue concejal de Hacienda, Manuel Reina, que militaba en el Partido de Estepona (PES) y el pasado enero admitió en una carta algunos de los hechos por los que está procesado y presentó a través de su abogado un escrito de conformidad acordado con la Fiscalía, que supone aceptar una pena de dos años y medio de prisión.
El pasado 7 de marzo ya declaró el exalcalde pero en otro bloque, el relativo a las actividades en materia de disciplina urbanística.
Barrientos negó haber cometido irregularidades en materia urbanística en su etapa como regidor entre los años 2003 y 2008, aunque afirmó que no podía decir lo mismo de la investigación policial, ya que se habían cometido "múltiples irregularidades y anomalías impropias en un Estado de Derecho".
El juicio está dividido en diez bloques, como ya se hizo con el caso Malaya, sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, formula que ayudó a agilizar este macroproceso en el que, debido al numero elevado de acusados y partes personadas en el procedimiento, se complica el desarrollo de la vista oral.
El procedimiento se inició en 2007, hace 16 años, y ahora hay casi 50 acusados (entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales), después de que se haya retirado la acusación para cuatro y otro haya llegado a un principio de acuerdo.
