El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, en funciones de guardia, ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por el secuestro de la concejal socialista de Maracena (Granada) Vanessa Romero, al que se investiga por la presunta comisión de un delito de detención ilegal y que se ha acogido a su derecho a no declarar.
La causa se encuentra bajo secreto sumarial y por el momento será instruida por este mismo juzgado, según han detallado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La prisión provisional fue solicitada por el fiscal, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, y por el momento no se ha tomado declaración ni a la presunta víctima ni a ningún testigo.
El detenido, que mantenía una relación sentimental con la alcaldesa de Maracena, Berta Linares (PSOE), también ha rechazado declarar ante la Guardia Civil en el transcurso de las casi 72 horas en las que ha permanecido detenido, según ha informado a los periodistas el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha señalado que la investigación sigue abierta.
El secuestro se produjo el martes por la mañana, después de que la concejal dejara a sus hijos en el colegio y se encontrara con el secuestrador, al que conocía dado que era la pareja de la alcaldesa de Maracena. Le puso una excusa para subirse a su coche y luego la amenazó con un pistola que se ha confirmado que era simulada, y un machete, que también ha sido localizado.
En un momento dado, la maniató, le tapó la cabeza y la metió en el maletero de su vehículo, el cual estacionó en un local de Armilla (Granada) antes de marcharse. La edil logró escapar y en su primera declaración ante la Guardia Civil vinculó su secuestro con una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Maracena que ella pretendía destapar.
La Policía Judicial se ha dirigido al Ayuntamiento de Maracena para solicitar que se salvaguarden los expedientes correspondientes a las áreas de Intervención, Secretaría y Urbanismo y Contratación a fin de evitar cualquier tipo de menoscabo o modificación de estos expedientes.
Desde el Ayuntamiento han informado este viernes de que se ha dado orden de remitir a la Fiscalía los expedientes del área de Urbanismo desde el año 2007 para su revisión, si procediera, y aunque el ministerio público no lo ha solicitado, según precisan.
También se ha anunciado una auditoría sobre la gestión municipal y la convocatoria de un pleno extraordinario el próximo miércoles en el que los grupos de la oposición podrán preguntar directamente al equipo de gobierno local, del PSOE, sus dudas en torno a todo este asunto.
