El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz de cinco años y nueve meses de prisión a un hombre que intentó clavar un bolígrafo en el cuello a su abogado de oficio cuando estaba declarando en dependencias policiales, donde se encontraba tras haber sido detenido por agredir a una enfermera en el servicio de Urgencias del Hospital de Jerez.
Según consta en los hechos de la sentencia, el condenado estaba "diagnosticado de un trastorno disocial de la personalidad de marcados rasgos agresivos e impulsivos y un trastorno por consumo de tóxicos, si bien no consta acreditado consumo previo a los hechos".
El acusado fue detenido en enero de 2019, cuando fue llevado por sus padres al hospital de Jerez porque " le encontraban especialmente nervioso". Una vez en el Servicio de Urgencias, cuando una enfermera fue a sacarle sangre, la agredió con repetidos golpes hasta que pudo ser reducido por el servicio de seguridad, llegando a lesionar también a tres vigilantes.
Una vez personada la Policía Nacional, el procesado fue detenido y tras ser valorado en la Unidad de Salud Mental y comprobarse por el facultativo que le atendió que no precisaba ingreso hospitalario, fue conducido a dependencias policiales. Allí, tras no declarar, una vez que el abogado de oficio le dio un bolígrafo para que firmara el acto, el acusado lo agarró del cuello para intentar clavárselo.
La rápida actuación de los agentes que estaban custodiando las dependencias, que lograron interponer una mano entre el boli y el cuello, no consiguió el objetivo, aunque la agresión continuó hasta que los agentes lograron reducirlo, siendo heridos igualmente tres de ellos.
Por todo ello, la Audiencia condenó al procesado a cinco años por un delito de intento de homicidio en grado de tentativa, seis meses por dos delitos de atentado y tres meses por dos delitos de lesiones. La sentencia fue recurrida ante el TSJA alegando quebrantamiento de normas y garantías procesales, error en la valoración de las pruebas e infracción de normas del ordenamiento jurídico, siendo finalmente desestimado el recurso.
