La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha pedido este viernes al Ayuntamiento de Níjar (Almería) que paralice el desalojo y derribo del asentamiento chabolista de El Walili, del que ya se ha iniciado el procedimiento administrativo, mientras no se garantice una alternativa habitacional permanente para las 500 personas que viven allí.
En una nota, la organización asegura que, en estos momentos, el Ayuntamiento de Níjar construye unas cajoneras con 62 habitáculos, que estarán terminadas posiblemente para junio, y que servirán para alojar provisionalmente, previo pago por nómina y limitado a dos meses, a trabajadores temporales, "obviando que las personas migrantes que trabajan en la agricultura de esta zona residen de manera permanente en el municipio".
Insisten en que en Níjar la actividad agrícola es continuada durante todo el año, y que "una parte importante no puede cumplir con los requisitos establecidos por el Consistorio".
Para la asociación, el desalojo lo único que va conseguir es que se formen nuevos asentamientos en otra zona, ya que las personas trabajan en un territorio aislado, limítrofe con el Parque Natural del Cabo de Gata, y sin transporte público.
La APDHA explica que en los últimos 20 años, Níjar ha duplicado prácticamente su superficie de cultivo, de 3.373 hectáreas en 2001 a 6.087 hectáreas en 2021.
En el año 2017 había identificadas por los servicios sociales en los campos de Níjar un total de 3.014 personas viviendo en infraviviendas y poblados de chabolas, según el Estudio y Análisis de la Situación Socio-Demográfica y del Mapa de Infravivienda y Asentamientos Chabolistas en el Municipio de Níjar 2016-2017, recogido en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Níjar.
La organización critica la "precaria situación" en la que se mantiene a estas personas y más "cuando son ellas las que sostienen un sector que ha cifrado sus exportaciones este año en más de 3.000 millones de euros, lo que a todas luces es absolutamente vergonzoso".
