La diputada de Medio Ambiente y Energía, Rosa Tirador, ha mantenido una reunión con todos los componentes de la Corporación Municipal de Villarrasa, concretamente, con el alcalde, portavoces y concejales, para abordar el estado de la negociación del convenio regulador del canon social del Centro de Tratamiento de Residuos ubicado en la localidad y gestionado por la Diputación de Huelva, que debe ser actualizado para que se ajuste a la nueva normativa vigente.
Durante ese encuentro, la diputada ha preguntado al alcalde por el proyecto de la planta de tratamiento de biorresiduos que una empresa privada está impulsando en el municipio y cuya fase de información pública en el procedimiento de Autorización Ambiental Integrada acaba de finalizar.
A este respecto, Tirador ha alegado que lo que se pretende construir en el municipio no es propiamente una planta de biorresiduos “puesto que el concepto legal de biorresiduos no abarca los lodos de depuradoras ni los restos de animales muertos u otros residuos similares que se pretende traer a esa planta”.
Además, dado que esta planta se pretende implantar en la parcela colindante con la planta actual de la Diputación, ha manifestado a todos los presentes “su preocupación por las graves carencias del proyecto técnico presentado y, sobre todo, por el impacto negativo que pudiera tener sobre la planta de tratamiento de que es titular la corporación provincial, ya que se pretende implantar en un terreno aledaño a la actual planta”, por lo que la Diputación ha presentado alegaciones al proyecto técnico.
Estas alegaciones vienen a señalar que en general el Estudio de Impacto Ambiental, del que dio cuenta recientemente Viva Huelva, “carece de una propuesta seria, rigurosa y valorada de medidas preventivas y correctoras”.
Asimismo, las instalaciones descritas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el proyecto técnico” se basan en plataformas hormigonadas que se encuentran, casi en su totalidad, al aire libre”.
La tipología de residuos que se pretende tratar en la instalación (lodos de depuradora y Sandach) se caracterizan por “ser una fuente importante de malos olores, sin que se haya previsto ninguna medida preventiva o correctora”.
Además, en el Estudio de Impacto Ambiental “no se han tenido en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos sobre varios impactos ambientales, entre los que se encuentran, además de los olores, la generación de lixiviados, consecuencia de la proximidad de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos del Servicio Provincial”.
De otro lado, en cuanto al convenio del centro de tratamiento de la institución provincial, Tirador ha explicado a los asistentes la situación en la que se encuentra la negociación, señalando que “los servicios técnicos de la Diputación han trabajado en el texto del nuevo convenio desde marzo de este mismo año para adaptarlo a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público”, que ya ha sido remitido al alcalde.
La diputada ha puesto de relieve que "en el convenio presentado al edil se han respetado íntegramente todos los compromisos económicos del acuerdo anterior".
No obstante, hasta el momento no ha podido procederse a la firma, al reclamar el alcalde la exención de la tasa de recogida de residuos a los ciudadanos del municipio.
Rosa Tirador ha explicado a los presentes que la solicitud del alcalde "es completamente irregular, puesto que contraviene lo dispuesto en la normativa de Régimen Local y también es contraria al mandato de la nueva y reciente Ley 7/2022 de Residuos y Suelos contaminados para una economía circular".
Del mismo modo, ha señalado que desde el área de Medio Ambiente se ha solicitado un informe interno a los servicios jurídicos de la Diputación para que se pronuncien sobre la legalidad y viabilidad de la solicitud del alcalde.
Durante la reunión, la diputada ha podido resolver todas la dudas y preguntas de los responsables del Ayuntamiento y se ha acordado convocar un nuevo encuentro a la vista del informe solicitado a los servicios jurídicos "para buscar soluciones y desbloquear la firma del convenio".
Por otra parte, Tirador ha aprovechado la reunión para explicar los cambios sustanciales que la nueva ley de residuos va a significar para la gestión de residuos a nivel provincial.
En particular, el "importante" impacto del impuesto de depósito de residuos en vertedero, que va a suponer que en el año 2023 el ente provincial, previsiblemente tenga que hacer frente a un coste de 8,1 millones de euros para afrontar este nuevo gravamen.
Además, ha informado de que, actualmente, los Servicios Técnicos están desarrollando un "ilusionante proyecto para renovar el Centro de Tratamiento ubicado en Villarrasa que traerá consigo importantes inversiones para renovar las instalaciones y equipos".
Ello, además, supondrá un "importante" ingreso en los próximos años para el Ayuntamiento de Villarrasa en concepto de tasas por licencias de obras.
