Así, el concejal delegado de Urbanismo, Diego Sánchez Rull, se mostró satisfecho por esta aprobación “que ofrece a los ayuntamientos herramientas más ágiles y eficaces para actuar contra la construcción ilegal”.
El delegado recordó que “este equipo de Gobierno viene ya aplicando sistemáticamente los mecanismos legales a su alcance para restablecer la legalidad urbanística y para la recuperación de suelo usurpado en los montes públicos, lo que ahora se ve reforzado con la aprobación de este nuevo reglamento que simplificará la tramitación y acortará los plazos”.
Para Sánchez Rull, dentro del reglamento “es de destacar las funciones que se atribuyen a colegios profesionales, registradores de la propiedad e incluso a las empresas suministradoras de luz y agua, que deberán alertar a los ayuntamientos en caso de detectar proyectos o parcelaciones que incumplan la legalidad”.
Según la Delegación de Urbanismo, “esta colaboración ya se viene produciendo en el caso de Algeciras, por lo que el nuevo reglamento lo que viene es a regularla y a establecer unas pautas de colaboración”.
Por otra parte, desde la Junta de Andalucía se resaltó que esta nueva normativa “no es de punto y final, sino que fija las reglas del juego”.
En este sentido, se aclara que no cabe la legalización de viviendas que no tengan cabida en el planeamiento de los municipios. Por ello, en las situaciones ya existentes, especialmente en las parcelaciones ilegales, los ayuntamientos deberán elaborar, en colaboración con los inspectores de la Junta, un inventario de edificaciones y analizar caso por caso. Tras ello se analizarán cuáles son ilegales y cuáles podrán legalizarse mediante un proceso administrativo.
Por el momento no se ha hecho un cálculo aproximado de cuántas viviendas de Algeciras serán examinadas con la puesta en vigor de la normativa. Una cifra que el concejal delegado de Urbanismo de San Roque sí que se atrevió a calcular, cifrando las edificaciones afectadas por la nueva normativa en cerca de 2.000.
Algamasilla
Por otro lado, la Delegación de Patrimonio recuperó ayer una parcela de 250 metros cuadrados situada en el monte público de Algamasilla, donde se había construido una vivienda de mampostería de 50 metros cuadrados y un corral anexo.
Desde el Ayuntamiento se indica que “el ciudadano que había ocupado la parcela se ha personado en la Delegación de Patrimonio y ha procedido a la devolución legal de la parcela, mediante la firma de un documento en el que reconoce el dominio público de la parcela y la devuelve sin reserva material o jurídica”.
El Consistorio había procedido con anterioridad al derribo de la construcción y al desmontaje del vallado perimetral, en virtud de un auto del juzgado de instrucción número 4 que así lo ordenaba como medida cautelar a la espera de juicio.
Al hilo de la noticia, el concejal delegado de Patrimonio, Gabriel Orihuela, aprovechó ayer para “advertir a los implicados que la justicia administrativa y la que emana de los órganos judiciales no ceja en su empeño por restablecer la legalidad”.
En esta línea, Orihuela volvió a a reiterar que “es preferible no llegar a juicio, donde pueden enfrentarse a condenas penales y a fuertes multas, además de a la cuantía económica derivada de la responsabilidad civil por los derribos y la reposición del monte a su estado original”.
