El PSOE y Unidas Podemos unirán fuerzas este martes en la Mesa del Congreso para zanjar la polémica por la votación de la reforma laboral provocada por el voto del diputado del PP Alberto Casero, cuyo error permitió la convalidación del decreto el pasado 3 de febrero. Doce días después, será la primera vez que el órgano de gobierno de la Cámara trate este asunto que tanto el Grupo Popular como Casero han llevado también al Tribunal Constitucional.
El voto se Casero se tornó decisivo, en plena campaña por las elecciones de Castilla y León, porque los dos diputados de UPN rompieron la disciplina de voto y en lugar de apoyar la convalidación votaron en contra. Al final el Gobierno salvó la votación con 175 síes frente a 174 noes.
Entre los días 3 y 5 de febrero, entre la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, y su diputado por Cáceres registraron hasta ocho escritos sobre este particular, la mayoría dirigidos a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, pero también al secretario general y letrado mayor de la institución.
La versión inicial de Casero y su partido fue que el diputado, que solicitó autorización para votar telemáticamente porque padecía una gastroenteritis, votó 'no' a la reforma laboral, pero el sistema lo cambió por un 'sí' por un error informático.
Al percatarse de la situación, alertó a la Mesa del Congreso e intentó que anularan su voto telemático para poder votar presencialmente. De hecho, acabó desplazándose a la Cámara y llegó a entrar en el hemiciclo, pero no se le permitió volver a votar.
PUCHERAZO Y PREVARICACIÓN
El PP, cuyo secretario general, Teodoro García Egea, junto con Gamarra y otros dirigentes se reunieron con Batet justo después de la votación, cargaron las tintas contra ella. Incluso el líder del partido, Pablo Casado, habló de "pucherazo parlamentario" y la avisó de que si no reconsideraba lo que tachó de "atropello" podría "estar prevaricando", lo que "podría tener consecuencias legales para ella".
También el líder de Vox habló de "pucherazo", por lo que la secretaria general de su grupo en el Congreso, Macarena Olona, se alineó con el PP sin descartar acudir también al Tribunal Constitucional o emprender incluso acciones en el ámbito penal contra la presidenta por prevaricación.
Las críticas del PP a Batet se han centrado en que no reuniera a la Mesa de la Cámara para tratar el voto de Casero antes de la votación en el Pleno, y en que no se comprobara telefónicamente el voto del diputado 'popular', como marca la resolución de Presidencia de 2012 sobre el voto a distancia.
En definitiva, han denunciado su pasividad ante las reclamaciones del primer partido de la oposición en todo este asunto. Batet no ha comentado nada al respecto, aunque sí lo hizo el 8 de febrero el vicepresidente primero del Congreso, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
El diputado andaluz acusó al PP de haber "mentido" en varias ocasiones sobre el episodio de la votación y defendió la actuación de Batet incidiendo en que no tenía por qué reunir a la Mesa antes de la votación porque este tipo de convocatorias se prevén sólo para situaciones muy excepcionales, nunca por un "error" de un diputado, de los que se producen habitualmente.
ERROR HUMANO, NO INFORMÁTICO
Y el pasado viernes se conoció un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que concluye que el voto de Casero en favor de la reforma laboral fue válido, que no cabía su revocación aunque él se equivocara, y que descarta que hubiera un fallo del sistema informático.
Los letrados también recuerdan que si bien es cierto que el voto telemático se regula por una resolución de Presidencia de 2012, la que determinaba que debía haber llamada al diputado, no se puede obviar que la aplicación del sistema se cambió a raíz del confinamiento por la pandemia y la generalización del voto desde casa.
Su conclusión es que el sistema funcionó el día de la votación de la reforma laboral, que nadie se quejó de fallo informático y que, por tanto, el voto de Casero, aunque se equivocara en la convalidación del decreto ley y en otras dos votaciones, debe darse por válido. De hecho, desvelan que él no llegó a pedir su revocación.
RECURSOS ANTE EL TC
Agarrándose a ese informe jurídico, que va a acompañado de otro técnico sobre la votación, el PSOE y Unidas Podemos intentarán poner fin este martes a la polémica en la reunión de la Mesa, donde los dos grupos que integran el gobierno de coalición tienen mayoría.
El asunto, no obstante, podría seguir un recorrido judicial ya que el Grupo Popular, por un lado, y Casero por otro han presentado sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar que se conculcó el derecho del diputado, que avisó de lo que había pasado en su voto telemático antes de la votación presencial, pero no fue escuchado.
