La ley del 'solo sí es sí' aterriza al Congreso con la oposición de PP y Vox

La conocida como ley del "solo sí es sí" inicia este jueves su tramitación parlamentaria con el debate en el Congreso de los Diputados de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de PP y Vox, que consideran que la norma es de "cuestionable constitucionalidad" e "innecesaria".

El Gobierno aprobó el pasado mes de julio el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que reformará el Código Penal para acabar con la distinción entre abuso y violación y hará del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales.

Esta ley llega al Congreso después de un largo camino, ya que el anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2020 y ha provocado diferencias entre los ministerios de Igualdad y Justicia, así como las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que rechazó por unanimidad la redacción inicial del consentimiento expreso y cuestionó la supresión del abuso sexual.

El Consejo Fiscal sí avaló el anteproyecto, aunque sugirió a Igualdad una redacción más clara y en positivo, no en negativo, del consentimiento, recomendación que finalmente el departamento de Irene Montero ha tenido en cuenta.

De esta forma, las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido, ya que todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal, como ha pedido reiteradamente el movimiento feminista desde el caso de la violación múltiple de la Manada.

El PP se ha opuesto a la ley y ha presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto que tacha de "maniqueo" y con "un marcado sesgo ideológico", "muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico, además de cuestionable constitucionalidad".

Los populares opinan que el texto "instrumentaliza" el dolor y sentimiento de las víctimas que -aseguran- "no se van a ver mejoradas en su protección e intervención integral".

Este grupo considera también que el texto aprobado por el Ejecutivo representa "la voladura de uno de los pilares fundamentales el Estado de Derecho, como es la presunción de inocencia", al desplazarse la carga de la prueba.

En su enmienda a la totalidad, el PP alude a las "duras críticas" del CGPJ y mantiene que eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual supone acabar con el principio de proporcionalidad y vulnera la seguridad jurídica.

El Congreso debatirá también la enmienda a la totalidad que Vox ha presentado a la norma, de la que opina que es "innecesaria, no responde a fundamento claro y constatable sino más bien a razones ideológicas, y en cuya redacción se constatan graves fallos de tipo técnico-jurídico".

Según esta formación, la ley presenta "un importante sesgo" y obedece a "meros fines políticos", con lo que sostiene que "no existe una razón socio-jurídica que justifique la promulgación de una nueva ley para abordar cuestiones que ya se encuentran "suficientemente reguladas" en el ordenamiento nacional e internacional.

Argumenta que la norma "criminaliza" al varón, consuma "el lúgubre propósito ideológico de enfrentar a ambos sexos" y que la redacción del consentimiento entraña "entre otras graves consecuencias, que los hombres se encuentren en una clara situación probatoria en cualquier proceso penal que se inicie por denuncia de una mujer".

Asegura que plantea cambios legislativos "de gran calado" mediante una "deficiente técnica legislativa" y abunda en que se genera "una quiebra" de la presunción de inocencia de los hombres acusados como agresores.